El actual alcalde de Tegucigalpa, capital de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, de 62 años, es un político hondureño conocido como “Papi a la orden”. Actualmente es el candidato presidencial del Partido Nacional y lleva dos periodos consecutivos siendo alcalde de la ciudad: el primero en 2014-2018 y el segundo de 2018-2022, último en el que fue reelecto.
Asfura, ha permanecido por 30 años en puestos gubernamentales. Entre 1990 y 1994 fue fiscal municipal y asistente de la alcaldesa capitalina y ex primera dama de la nación, Alba Nora Gúnera de Melgar (1990-94). De 1994 a 1998 se desempeñó como gerente de servicios públicos y de 2006-2010, estuvo como regidor de la alcaldía de Tegucigalpa en la administración de Ricardo Álvarez. Ha sido un burócrata de bajo perfil hasta que se convirtió en diputado, ministro de Inversión Social y luego edil capitalino.
Durante el gobierno nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) fue electo diputado y en esa misma administración, fue director del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
El candidato del Partido Nacional, al igual que muchos de los líderes de la institución política, entre ellos el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tiene un historial de estar involucrado en casos de corrupción en contra del Estado.
Nasry Asfura es el candidato elegido por Hernández para mantener el status quo en Honduras, que favorece solo a unos cuantos y tiene viviendo en la miseria al gran porcentaje de la población.
En el 2005, Asfura fue señalado por ser representante de la empresa Sulambiente, que ganó millones de lempiras por un controversial proyecto de recolección de basura en San Pedro Sula, Cortés, cuyo contrato fue suscrito con la municipalidad de esa ciudad.
“Papi a la orden” es también señalado de ser accionista del 50 por ciento de Sulambiente desde su creación hasta el 2016, y lo hizo mediante otra empresa de su propiedad denominada Agac de Centroamérica.
Sin embargo, el 28 de septiembre de 2011, en declaraciones, el candidato negó tener vínculos con Sulambiente. A las semanas de haber movido sus acciones, el 21 de octubre de 2011, fiscales del Ministerio Público llegaron a las oficinas del procurador general de la municipalidad de San Pedro Sula, siguiendo una investigación contra Sulambiente por supuestos actos de corrupción.
Por otra parte, en el 2020, el Ministerio Público (MP) presentó ante el juzgado anticorrupción una solicitud de antejuicio a dos funcionarios municipales, entre ellos el candidato del oficialismo, por participar en un esquema criminal que les permitió desviar ilegalmente fondos de la alcaldía.
La Investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), estableció que entre 2017 y 2018, Asfura y otra funcionaria municipal, extrajeron fondos de un fideicomiso creado con dinero de la alcaldía para respaldar cheques que luego eran depositados en tres cuentas abiertas en un banco privado a nombre del alcalde.
Un reporte realizado por el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), basado en datos de UFERCO, expuso que la Alcaldía del Distrito Central de Tegucigalpa creó ese fideicomiso en 2011 con el objetivo de recibir todos los fondos provenientes de tasas e impuestos municipales.
En 2017, la alcaldía creó, con firma de Asfura, las cuentas nombradas “Aportes de campaña política”, “Fondos propios aportaciones allegados políticos” y “salario devengado”. Por medio de un mecanismo de triangulación de fondos, según la investigación de UFERCO, Asfura autorizaba la extracción de dinero del fideicomiso municipal por medio de cheques emitidos a nombre de terceras personas, los cuales finalmente iban a parar a las cuentas personales del alcalde.
A Nasry Asfura se le supone responsables de los delitos de Lavado de Activos, Malversación de Caudales Públicos, Fraude, Uso de Documento Falso y Violación de los Deberes de funcionarios Públicos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
Asfura también fue implicado en el escandalo de corrupción mundial “Pandora Papers”, documentos revelaron que el aspirante del oficialismo fue accionista mayoritario de una sociedad offshore inscrita en Panamá, pero con operatividad en otro país.
Y el caso más reciente, ha destacado que el alcalde de San José, Costa Rica, Johnny Araya, investigado por corrupción, contactó a Asfura, con el fin de favorecer a un empresario amigo.
Según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Daniel Cruz, propietario de la exportadora de explosivos costarricense Explotec, solicitó a Araya, el 9 de marzo del 2021, que contacte a Asfura para que éste intercediera con el ministro de Defensa hondureño, Freddy Díaz, con el fin de que se permitiera el paso de mercancía con problemas de tránsito desde Honduras a El Salvador.
Actualmente, Nasry Asfura se encuentra en el segundo lugar en todas las encuestas de opinión, superado por la candidata de la oposición, Xiomara Castro, quien en la más reciente encuesta publicada por la prestigiosa encuestadora internacional, TResearch, supera a “Tito” por 14.7 puntos porcentuales.
Nasry Asfura, el candidato presidencial hondureño rodeado de señalamientos y acusaciones por corrupción