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Kesha Kennedy se declaró culpable ante el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Muskingum por múltiples cargos relacionados con el abuso del sistema de emergencias, en Zanesville, Ohio.
La mujer, de 34 años, fue acusada de interrumpir servicios públicos, emitir alarmas falsas y cometer 25 delitos menores por el uso indebido del sistema de 911, según informó NBC.
Entre 2020 y 2023, Kennedy efectuó cerca de 400 llamadas al 911, a menudo varias veces al día, quejándose de diversas enfermedades ficticias.
La Oficina del Fiscal del Condado de Muskingum indicó que estas llamadas eran una forma de entretenimiento personal para la acusada. Esta conducta irresponsable tuvo consecuencias trágicas, ya que los bomberos de South Zanesville no pudieron atender a tiempo a una persona con problemas respiratorios, quien falleció posteriormente.
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Además, en otra ocasión, los equipos de rescate no pudieron responder adecuadamente a un incendio debido a la demanda de atención generada por las llamadas de Kennedy.
En el tribunal, Kennedy compareció ante el juez Mark C. Fleegle. Según People, el personal del Hospital Genesis había informado repetidamente a Kennedy que no presentaba problemas médicos reales, sugiriendo la necesidad de una evaluación preliminar por un posible trastorno mental.
La oficina del fiscal subrayó que tanto el transporte como las visitas hospitalarias de Kennedy fueron financiados por los contribuyentes a través de Medicaid.
El asistente fiscal del Condado de Muskingum, John Litle, declaró que Kennedy padece un "trastorno que la hace mentir". Litle añadió que es esencial implementar un sistema de control para que el abuso del sistema de emergencias pueda ser reportado y gestionado más rápidamente.
El historial de Kennedy muestra prácticas similares en otros condados de Ohio, incluyendo Franklin, Licking, Guernsey y Cuyahoga. En 2023, fue encontrada culpable de uso indebido del sistema de 911 en el Condado de Licking después de fingir una emergencia en el Hospital Memorial.
Las acciones de Kennedy no solo comprometieron la capacidad de respuesta de los servicios locales de emergencia, sino que también impusieron una carga financiera considerable sobre los recursos públicos. Según NBC, la sentencia de Kennedy se determinará en una fecha posterior. La corte deberá considerar tanto el daño a los servicios locales como el costo financiero para los contribuyentes al decidir su condena.
