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La prohibición de vapeadores en México entró en vigor marcando un antes y un después en la venta, distribución y uso de estos dispositivos en el país.
Con esta ley, el gobierno busca frenar el crecimiento del vapeo, advirtiendo penas de hasta ocho años de prisión para infractores y fuertes multas, orientadas tanto a particulares como a comercios.
La reforma fue publicada hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y detalla que está prohibido utilizar cualquier sistema electrónico o mecánico que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas líquidas, geles, sales, ceras, aerosoles secos, resinas, aceites cerosos u otra nueva formulación sintética, con o sin nicotina.
“Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, incluidos aquellos que son desechables o de un solo uso”, detalla el documento.
¿Qué establece la nueva ley y a quiénes afecta?
Según la legislación, queda estrictamente prohibida la importación, comercialización y circulación de vapeadores y cigarrillos electrónicos en todo el territorio mexicano.
Quienes violen la norma pueden enfrentar sanciones penales y administrativas, incluyendo cárcel y decomiso de productos. Usuarios, distribuidores, tiendas físicas y plataformas digitales se ven impactados.
Además, autoridades de salud enfatizan los riesgos asociados al uso de estos dispositivos, argumentando que la medida responde a la protección de la salud pública, especialmente de adolescentes.
Este nuevo marco legal representa uno de los pasos más estrictos en Latinoamérica frente a los dispositivos de vapeo.
De acuerdo con expertos, el vacío regulatorio había permitido el crecimiento del mercado negro y la publicidad engañosa. Ahora, la ley pretende cerrarle el paso a estas prácticas y desalentar el consumo entre jóvenes.
“La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios notificará a las personas titulares de dichas autorizaciones para que, de manera inmediata, cesen todas las actividades vinculadas a dichos dispositivos”, refiere la reforma.
