REUTERS / Edgard Garrido (ELECCIONES DE POLITICA DE HONDURAS)
Julian Assange jugó un papel importante para que el mundo se diera cuenta de la injerencia de EEUU en los asuntos internos de los países. Honduras no fue la excepción.
Te dejamos parte de los wikileaks que se filtraron sobre la participación del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el Golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras.
Los perpetradores del golpe de Estado de 2009, aseguran que fue una sucesión presidencial. Afirman que una supuesta cadena de acciones del poder judicial, el Congreso y el ejército hondureño con las cuales derrocaron al presidente José Manuel Zelaya Rosales.
Pero un conjunto de versiones recogidas, durante la semana previa y durante el mismo día del golpe, por la embajada estadounidense en Tegucigalpa refutan las afirmaciones de los golpistas.
Un lote de cables diplomáticos cuyo origen es la embajada de Estados Unidos en Honduras, en donde Hugo Llorens, embajador estadounidense, cita a políticos, funcionarios de justicia y empresarios implicado en el golpe, y contradice en sus propias afirmaciones el relato que días después los golpistas defenderían
Los golpistas confiesan la ilegalidad de la acción militar y todo el entramado golpista. Entre las declaraciones destaca la del presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese entonces, Jorge Alberto Rivera Avilés, y la del fiscal general, Luis Alberto Rubí, que en privado y por separado negaron a la embajada estadounidense haber tramitado y emitido una orden de captura contra el presidente Zelaya “por traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones”, la cual en teoría fue cumplida por los militares que allanaron la casa de Zelaya la madrugada de aquel día.
A finales de junio, circularon en diversos medios de comunicación internacionales, una supuesta solicitud de orden de captura contra Zelaya emitida por el Ministerio Público, fechada a mano el 25 de junio, y supuestamente recibida en la Corte Suprema a las 4:00 p.m. de ese jueves; y una orden de captura emitida por la Corte Suprema al día siguiente.
Tres días después un cable urgente enviado por la embajada el 28 de junio a las 14:58 horas, que incluía un resumen de las primeras horas del golpe, afirma que, “tanto el Fiscal General (Rubí) como miembros individuales del Congreso con los que hemos hablado dicen que ellos solo han ordenado la confiscación del material electoral y no han pedido el arresto de Zelaya”.
Dicho cable, cita Juan Orlando Gutiérrez (probablemente refiriéndose a Juan Orlando Hernández entonces diputado del Partido Nacional y desde enero de 2010 presidente del Congreso), quien afirmó que Zelaya podría ser arrestado por “delitos en flagrancia” hasta 24 horas después de haberlos cometido. La posibilidad de una detención de tal tipo nunca fue utilizada por los golpistas.
Los golpistas en su afán por proclamar a Roberto Micheletti como presidente interino presentaron una supuesta carta de renuncia de Zelaya, con fecha también del 25 de junio, la cual fue denunciada como falsa por el presidente Zelaya.
48 horas después de haber dado declaraciones de lo sucedido a la embajada estadounidense, Luis Alberto Rubí, no se había pronunciado en público. El martes 30 de junio, en conferencia de prensa, el fiscal general avaló la legalidad del golpe y aseguró haber girado una orden de captura internacional contra Manuel Zelaya Rosales.
Otra de las contradicciones reveladas en los cables es que el día después del golpe de Estado, casi todos los contactos de la embajada “incluyendo al presidente de la Corte Suprema, Rivera Avilés, y miembros del Congreso, tanto de la oposición como del propio partido del presidente, el Partido Liberal” insistían y aseguraban que las acciones contra Zelaya “fueron hechas legalmente”.
Llorens citó las conversaciones con los empresarios, Antonio Tavel, Emilio Larach y Emin Barjum, quienes aceptaron que hubo un golpe al Ejecutivo, “fue ilegal”, aunque argumentaron que no había más remedio que “aceptar el régimen actual (Gobierno de Micheletti) y esperar hasta la elección de noviembre para la restauración de un gobierno constitucional”.
El ex presidente de Honduras, Ricardo Maduro y el entonces alcalde de Tegucigalpa Ricardo Álvarez también fueron citados por Llorens, quien ante ellos condena el golpe, ambos expresan “sorprendentemente” en palabras de la embajada, que el golpe tuvo lugar “pese a su total desacuerdo con el mismo”.
Un tercer cable diplomático firmado por Hugo Llorens el 2 de julio, Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte Suprema, contradice lo que él tres días antes había dicho, “Aunque afirma que la Corte Suprema emitió una orden de detención contra Zelaya, el presidente de la Corte Suprema nos ha dicho que eso no es cierto”, afirma el embajador. “La única orden de la que tenemos conocimiento es una emitida el 25 de junio o a primeras horas del 26 por una corte de menor rango, ordenando el secuestro del material electoral (para la consulta de la cuarta urna impulsada por Zelaya).
El jueves 25 de junio Rivera Avilés se reunió con el embajador, horas antes del primer intento de golpe el cual fue abortado por el Congreso, según recoge otro cable confidencial de la embajada de Estados Unidos en Honduras, el presidente de Corte Suprema manifestó que estaba, “extremadamente preocupado” por el accionar que el Congreso tenía planeado esta noche contra Zelaya. “Rivera dijo que los líderes del Congreso se habían acercado a él para hablar de sus planes para destituir al presidente, y que él les había aconsejado no hacer algo como eso, que él consideraba ilegal”.
Ese mismo día el presidente de la Corte Suprema señaló que, “el Congreso no tiene el poder de impugnar al presidente desde que se derogó esa ley en 2005”.
“Actualmente la única forma de destituir a un presidente en el cargo es que el Ministerio Público y la Corte Suprema en persona lleven adelante un caso criminal contra él”, indicó.
El 24 de julio en un cable confidencial titulado “Un caso obvio: el Golpe en Honduras”, la embajada estadounidense hizo un completo análisis de la supuesta legalidad en los argumentos de cada uno de los golpistas. La supuesta renuncia, la supuesta orden de captura, el cese automático de Zelaya en el cargo por presunto deseo de reelegirse, la supuesta destitución a manos del Congreso. Una tras otra las mentiras caen bajo el peso de la lógica jurídica y las evidencias irrefutables de los hechos.
