La orden de Trump está por encima de sus atribuciones constitucionales
Apóyanos

La orden de Trump está por encima de sus atribuciones constitucionales

notibomba
  • notibomba | 23-11-2018.12:33 am.

Washington: la Casa Blanca ha autorizado a las tropas militares en servicio activo estacionadas a lo largo de la frontera suroeste para utilizar la fuerza letal, si es necesario, una escalada significativa del papel de apoyo que se les había encomendado y que puede ser contraria a una ley de 140 años que en general, impide que los militares operen dentro del territorio estadounidense.

El jefe de personal de la Casa Blanca, John Kelly, firmó un memorándum el martes por la noche para ampliar la misión de los 5,800 soldados para incluir la protección de los agentes de aduanas y protección de fronteras. Eso representa un cambio brusco en las órdenes dadas a las tropas desplegadas actualmente en California, Arizona y Texas, que habían estado solo brindando apoyo logístico al personal de migración.

El secretario de Defensa, James Mattis, confirmó las nuevas disposiciones a los reporteros el miércoles, pero minimizó el nivel de interacción que sus tropas tendrán con los migrantes. Dijo que la mayoría de las tropas no llevan armas y que los militares se mantendrían alejados de las funciones civiles de aplicación de la ley, como los arrestos, que están prohibidos en la ley.

La ley prohíbe al gobierno federal utilizar a las fuerzas armadas en un rol de policía nacional, excepto en situaciones específicamente autorizadas por la constitución o el congreso.

Mattis enfatizó que usaría la fuerza letal solo en respuesta a una solicitud específica y detallada del secretario de seguridad nacional, Kirstjen Nielsen, y que aún no se ha hecho ninguna.

“Ahora tengo la autoridad para hacer más”, dijo Mattis a los periodistas. “Ahora veremos lo que ella me pregunta”.

Muchas organizaciones mostraron su preocupación por las acciones peligrosas y la retórica de Trump, cuando miles de migrantes, en su mayoría de América Central, se concentran en Tijuana, México y otros lugares para intentar ingresar al país para solicitar asilo.

El presidente ya había dicho que las tropas podrían disparar contra los migrantes si alguno de ellos arrojaba piedras, pero ni el Pentágono ni el departamento de Seguridad Nacional respaldaron esa afirmación.

Con las nuevas órdenes, Michael Breen, presidente de Human Rights First, dijo que la Casa Blanca oficialmente está “elevando la apuesta” contra los migrantes, y creando un ambiente hostil que podría conducir a enfrentamientos mortales.

“Esta ‘orden de gabinete’ legalmente dudosa crea confusión, socava la moral y muy bien puede conducir a la violencia”, dijo Breen.

Public Citizen, una organización con sede en Washington, DC, presentó una solicitud de libertad de información que exige la divulgación pública de la orden de Kelly para determinar si viola la ley Posse Comitatus Act.

“La autorización a los militares para usar la fuerza dentro de las fronteras es una cuestión que nos va traer graves consecuencias para una nación bajo el mando civil”, dijo Robert Weissman, presidente de la Public Citizen. “La orden de Kelly debe publicarse de inmediato para que el público entienda exactamente lo que ha autorizado, si la administración de Trump está violando la ley y qué riesgo de violencia pueden esperarles a los solicitantes de asilo”.

Los militares se han desplegado en el país para realizar tareas de aplicación de la ley antes, pero solo bajo las leyes aprobadas por el Congreso.

En 1991, el Congreso aprobó una ley que permite al Pentágono ayudar a los funcionarios federales y estatales encargados de hacer cumplir la ley durante las operaciones domésticas contra la droga. Eso llevó a un incidente en 1997 en Texas, donde un marine en una misión de vigilancia de drogas disparó y mató a un joven de 18 años que pastoreaba cabras en el rancho de su familia.

Un informe del servicio de investigación del Congreso en abril concluyó que los militares podían ser desplegados, pero solo si se limitaban a “ciertos tipos de apoyo” para la aplicación de la ley, como realizar vigilancia aérea, operar equipos, compartir información y brindar asesoramiento.

Pero el informe dijo que la administración tendría problemas legales si les encomendaba a los militares la realización de actividades de aplicación de la ley.

“Debe haber una autoridad constitucional para usar a las tropas federales en una capacidad de aplicación de la ley para impedir que los extranjeros entren al país de manera ilegal, o para detener a pandilleros o incautar contrabando”, según el informe.