La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e impunidad en Honduras (MACCIH) reveló este lunes que la administración pública incurrió en actuaciones irregulares al otorgar los permisos de explotación del proyecto Agua Zarca, que le costó la vida a la ambientalista Berta Cáceres.

“Hubo una actuación irresponsable de la administración publica, es por eso que  hemos denominado el caso Fraude Sobre el Gualcarque”, dijo la vocera de la Misión, Ana María Calderón.

La funcionaria internacional señaló que es necesario revisar los contratos que están vigentes y las normativas que lo regulan.

Al ser consultada por qué no se mencionaban los nombres de los dueños del proyecto dijo que son 48 líneas de investigación y que esta solo es en el área administrativa.

Cáceres fue asesinada la noche del 2 de marzo en su casa de habitación, generando indignación nacional e internacional.