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La Corte Penal Internacional (CPI) está monitoreando constantemente la situación de Venezuela, específicamente en la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro con las protestas opositoras.
De acuerdo con el fiscal Karim Khan, se han entablado pláticas con el gobierno de Maduro para solicitar el respeto del Estado de derecho para los manifestantes.
Al respecto, enfatizó que la CIP estará monitoreando activamente los acontecimientos, incluyendo el futuro legal de los 2,000 ciudadanos detenidos por las protestas.
Desde el 29 de julio, que comenzó la jornada de manifestaciones de la oposición que asegura tener pruebas de fraude electoral, se contabilizan al menos diez personas muertas.
La oposición asegura que uno de los indicios claros del fraude fue el atraso del Consejo Nacional Electoral (CNE) para dar los resultados electorales. El gobierno asegura que el sistema electoral fue objeto de ciberataques, razón por la cual los resultados se dieron más de cuatro horas después de iniciar el conteo.
Sobre la decisión de la CIP de ir monitoreando activamente el proceder de Maduro se indicó que las violaciones pueden constituir crímenes del Estatuto de Roma.
"Se ha puesto en contacto con el gobierno de Venezuela al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar que se respeta el Estado de derecho en el momento actual y hacer hincapié en que todas las personas deben ser protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes del Estatuto de Roma".
No es la primera vez que la CPI asegura estar monitoreando activamente a Venezuela. En el 2021, anunció una investigación tras una larga indagación preliminar y una remisión oficial.
