Imagen cortesía.
El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia sorprendió este miércoles al anular la sentencia dictada contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, generando un giro inesperado en el caso conocido como "Golpe II".
Esta anulación podría modificar profundamente el rumbo político y social del país, especialmente en torno al debate sobre justicia y legitimidad en procesos judiciales recientes.
El fallo, que señala errores procesales en el juicio contra Áñez, implica que la expresidenta gozará de un nuevo proceso, anulando la condena inicial de 10 años por supuesto incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
La anulación responde a que el proceso debería haber sido tratado como un juicio de responsabilidades, y no mediante la vía ordinaria.
Esta decisión del Supremo genera tensión en sectores oficialistas y opositores, marcando un nuevo capítulo en las controversias políticas que sacuden Bolivia desde 2019.
Repercusiones políticas y sociales tras la decisión judicial
La resolución del Supremo ha desatado una oleada de reacciones. Mientras simpatizantes de Áñez y agrupaciones opositoras celebran lo que consideran una victoria para la democracia, miembros del gobierno actual critican la decisión y advierten de posibles amenazas para el proceso de memoria y justicia en el país.
Organizaciones internacionales y observadores siguen con atención estos acontecimientos, que podrían impactar la estabilidad institucional de Bolivia.
La anulación de sentencia de Jeanine Áñez reaviva preguntas sobre la independencia judicial y la influencia política en los tribunales, un debate vigente desde la crisis del 2019.
