La Cámara de Diputados de Italia aprobó por unanimidad la creación de un nuevo delito específico en su Código Penal: el feminicidio, definido como el asesinato de una mujer motivado por razones de género. La norma contempla la cadena perpetua automática para quienes sean declarados culpables y marca un avance simbólico al coincidir su aprobación con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Aunque Italia había debatido previamente la necesidad de una legislación específica, fue el asesinato de Giulia Cecchettin, en noviembre de 2022, lo que impulsó un sentido de urgencia nacional. La joven de 22 años fue asesinada a puñaladas por su expareja, Filippo Turetta, quien luego intentó deshacerse del cuerpo. El caso conmocionó al país y provocó protestas masivas, especialmente tras las palabras de Elena, hermana de Giulia, quien afirmó que el asesino no era un monstruo, sino el “hijo sano” de una sociedad profundamente patriarcal.
Según datos policiales recientes, 116 mujeres fueron asesinadas en Italia el último año, de las cuales 106 casos estuvieron motivados por razones de género. Con la nueva ley, estos crímenes se registrarán de forma separada y se sancionarán automáticamente con cadena perpetua, medida que el Parlamento defiende como un posible disuasivo.
A pesar del amplio apoyo legislativo, la normativa no está exenta de críticas. Algunos juristas consideran que la definición de feminicidio es demasiado ambigua y podría complicar su aplicación en tribunales, especialmente porque la mayoría de las víctimas fueron asesinadas por parejas o exparejas, lo que dificultaría probar legalmente la motivación de género.
La profesora de Derecho Valeria Torre, de la Universidad de Foggia, sostiene que la ley “no llena un vacío legal real” y alerta de que podría ser utilizada más como herramienta política que como solución eficaz a la violencia machista. Para ella, el verdadero desafío radica en invertir recursos económicos para combatir la desigualdad estructural que alimenta esta problemática.
Para Gino Cecchettin, padre de la joven asesinada, el reconocimiento legal del feminicidio es un paso importante, aunque insuficiente para prevenir crímenes como el de su hija. Tras el asesinato de Giulia, fundó una organización dedicada a la educación emocional y al respeto interpersonal en escuelas y universidades de todo el país.
Cecchettin promueve la implementación de un currículo obligatorio de educación emocional y sexual desde edades tempranas, algo que actualmente enfrenta resistencia política, especialmente de sectores de extrema derecha. Aun así, él insiste en que dotar a los jóvenes de herramientas para manejar sus emociones es fundamental para evitar que repitan patrones de violencia.
“Si les damos las herramientas adecuadas, no actuarán como Filippo. No seguirán el modelo del ‘superhombre’ o del ‘macho’”, afirma.
Mientras Italia avanza con esta nueva ley, expertos y activistas coinciden en que el combate contra el feminicidio requiere un enfoque integral que incluya educación, igualdad y políticas de prevención, más allá del endurecimiento de las penas.
Javier Milei busca eliminar el feminicidio del Código Penal
