El parlamento de Indonesia cumplió por unanimidad de votos, la reforma a su nuevo código penal, que prohíbe el sexo fuera del matrimonio y se asegura tanto a indonesios como a turistas.
Esta nueva reforma desata preocupación por su posible efecto en el turismo, haciendo retroceder a la nación en la que habitan más de 272 millones de personas, luego de varias décadas para obtener los derechos alcanzados en materia de libertad sexual, religiosa y de expresión.
El legislador Bambang Wuryanto, quien encabezó la comisión parlamentaria a cargo de revisar el código de la era colonial, dijo que “todos acordaron ratificar (los cambios preliminares) en ley. El antiguo código pertenece a la herencia neerlandesa… y ya no es relevante”.
La reforma artículos incluye en los que se prohíbe el sexo extramatrimonial o sexo fuera del matrimonio, la cohabitación entre pareja no casada, la apostasía o la difamación contra los líderes .
Dichas reformas fueron promovidas por el presidente indonesio, Joko Widodo, y llegan poco después de que el país y su mandatario recibieran un amplio reconocimiento internacional por la organización de la cumbre del G-20 que se celebró el pasado noviembre en Bali.
La ministra de Derechos Humanos, Yasonna Laoly, afirmó que “no fue fácil para un país multicultural y multiétnico hacer un código penal que se adapte a todos los intereses, espero que los indonesios entiendan que los legisladores han hecho todo lo posible para adaptarse a la aspiración pública e invitación a las partes insatisfechas a presentar una revisión judicial al tribunal constitucional”.
No obstante, Albert Aries, portavoz del Ministerio de Justicia, declaró que solo podrá denunciar este delito el padre, el cónyuge o el hijo de los presuntos infractores de estas normas morales.
“El objetivo es proteger la institución del matrimonio y los valores indonesios, al tiempo que se protege la intimidad de la comunidad y se niega a terceros el derecho de denunciar este asunto oa hacer de jueces en nombre de la moralidad”, afirmó Aries.
Diversos críticos advirtieron previo a la votación del proyecto que este “afectará desproporcionadamente a las mujeres” y reducirá aún más los derechos humanos y las libertades en el país de más de 270 millones de habitantes.