El giro que ha tomado el caso de la acusación de la OFAC contra los Rosenthal podrá traer serias consecuencias financieras para el Estado de Honduras, gracias a la ambición desmedida, falta de prudencia y de soberanía del gobierno de Juan Orlando Hernández y del deplorable estado de la institucionalidad y operadores de justicia del país.
El gobierno, la OABI, el MP y la CNBS han actuado de forma imprudente y precipitada ante los comunicados que emitió la OFAC, e irrespetando derechos como la presunción de inocencia y el debido proceso, procedió a liquidar Banco Continental y a “asegurar” bienes, algunos imperecederos como el ganado, valorado solo este en más de 20 millones de Lempiras.
Los operadores de justicia e instituciones como la CNBS demostraron nuevamente su incapacidad para investigar a fondo y simplemente ser reactivos a los anuncios del Departamento del Tesoro, tal y como ocurrió con los Cachiros, los Valle, los Handal y los Rosenthal, ya que no tenían ni la más mínima investigación en camino cuando se emitieron los comunicados de la OFAC colocando a personas en las listas de nacionales ligados supuestamente a delitos transnacionales, por lo que sin existir procesos previos basados en leyes elaboradas conforme a recetas de otros países y que a toda luz violan el debido proceso y la presunción de inocencia, y sin ninguna investigación nacional, cayeron como buitres a los bienes de estás personas y de sus empresas, independientemente de que puedan ser estos o no culpables, ni vencidos en juicio.
Adicionalmente muchos de estos casos que provocaron la entrega voluntaria de los acusados a las autoridades americanas o sus capturas internacionales como la del hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, sin que el gobierno de Hernández tuviera la más mínima idea de lo que ocurría.
En casos como los del Señor José Handal, a quien la OFAC ya ha determinado que no se encuentra más en la lista de personas sospechosas o de los Rosenthal y en particular de Yani que se la ha otorgado el beneficio de defenderse en libertad, lo que se viene pueden ser serias demandas multimillonarias contra el Estado de Honduras por violentar los derechos de estas personas, sumados al daño patrimonial, el lucro dejado de ganar sus empresas y los daños y perjuicios morales.
Expertos legales internacionales consideran que de no poder comprobarse las acusaciones de OFAC, la ineptitud de las autoridades hondureñas para actuar sin que los EE.UU les haya pedido nada, ya que en casos como el de los bancos internacionales HSBC y Credit Agricole Frances, que han sido mencionados por la OFAC, sus países no procedieron al liquidar esos bancos.
Será el ya sufrido pueblo hondureño que enfrenta el pago de una deuda interna enorme y desfalcos de instituciones como el IHSS, IP, INJUPEMP, RAP entre otras por parte de los sucesivos gobiernos nacionalistas de Pepe y Hernández, al que le tocará pagar con sus impuestos las reparaciones financieras a las que se verá obligada el Estado de Honduras por cientos de millones de dólares.
Existen antecedentes internacionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde en acusaciones similares en la que estados se precipitaron en incautar o “asegurar’ bienes o en capturar a personas han sido condenados, por violar derechos establecidos en los artículos 7, 8 y 21 de esa Convención de la que es parte Honduras y que incluyen entre otros, la libertad personal, las garantías judiciales y el Derecho a la Propiedad Privada.
Como ejemplo se conoce el caso del ciudadano francés, Daniel David Tibi, en el que la Corte Interamericana condenó al Estado de Ecuador por violar el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la protección judicial, a las garantías judiciales y el derecho a la propiedad privada, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este caso la responsabilidad internacional del Ecuador se vio comprometida por la actuación negligente de los jueces que llevaron el caso.
Por unanimidad, la Corte dispuso que el Estado ecuatoriano deba, en un plazo razonable, investigar efectivamente los hechos e identificar, juzgar y sancionar a todos los autores de las violaciones cometidas contra el señor Tibi, a quien se le incautaron bienes de su propiedad en el marco de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas ecuatoriana, revelan numerosas violaciones de las obligaciones que la Convención Americana impone al Estado, provocando daño a esos bienes.
Todo esto demuestra que las autoridades hondureñas fueron negligentes, ya que la misma OFAC puede no contar con la información adecuada. Adicionalmente, estos casos reflejan que también el Consejo Hondureño de la Empresa Privada no ha tenido el valor de defender a sus agremiados, y que las decisiones del gobierno de Hernández se toman de forma precipitada, sin análisis y de forma autoritaria, lo que provocará serios daños a la imagen y a las finanzas de Honduras.
