El Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) de México, ubica a Honduras entre los 13 países con mayor impunidad, por problemas en la estructura del sistema de justicia y violaciones a los derechos humanos.

De 69 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los datos duros del estudio revelan que los 13 países con muy alta impunidad son: Filipinas, con 75.6 puntos; India, con 70.94; Camerún, 69.39; México, con 69.21; Perú, 69.04; Venezuela, 67.24; Brasil, 66.72; Colombia, 66.57; Nicaragua, 66.34; Federación de Rusia, 65.49; Paraguay, 65.38; Honduras, 65.04; y El Salvador con 65.03 puntos.

En conferencia de prensa, desde la UDLAP en su campus Ciudad de México, el rector de la Universidad, Luis Ernesto Derbez; y los coordinadores del IGI, Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, presentaron información relacionada con los indicadores en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.

Los expertos detallaron que este año el IGI se robusteció integrando tres países de África, tres de Asia-Pacífico, siete de América y tres de Europa; en el caso particular de Venezuela, se catalogó como un caso atípico por la situación que atraviesa actualmente y se consideraron datos de 2015-2016.

En contraste, los países con el menor índice de impunidad fueron: Croacia con 36.01 puntos; Bulgaria, 37.19; Eslovenia, 37.23; Suecia, 39.15; Noruega, 40.90; Montenegro, 42.13; República Checa, 42.83; Grecia, 44.56; Alemania, 45.10; y Países Bajos con 45.31 puntos.

Los países con impunidad media alta son: Estados Unidos de América, con 64.78 puntos; Kenia, 64.13 puntos; Panamá, 63.23 puntos; Turquía, 62.80 puntos; Ecuador, 62.72 puntos; Guatemala, 62.40 puntos; Georgia, 61.05 puntos; Kazajstán, 61.04 puntos; y República Dominicana, 60.61 puntos).

Para el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) “la impunidad es un fenómeno multidimensional que va más allá del análisis de los delitos susceptibles de ser castigados, como el homicidio. Y ésta tiene tres grandes dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos”, indica el documento.

En su metodología, la impunidad es medida desde dos criterios centrales: la funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos, y la capacidad estructural o instalada con la que cuentan los países.