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La Corte Suprema de Justicia en Colombia ha ordenado frenar el abuso policial en las protestas por medio de un fallo que busca disminuir o erradicar la violencia en contra de los manifestantes.
El dictamen se da en medio de una crisis social tras la muerte del abogado Javier Ordóñez, quien fue víctima de agresiones por parte de uniformados.
La reforma a la institución ha sido considerada como histórica por sus repercusiones para frenar los abusos de la Fuerza Pública.
En conclusión, el fallo de la CSJ detalla que la Fuerza Pública, específicamente el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hace una intervención violenta y arbitraria en las protestas.
Con la resolución la Sala de lo Civil del alto tribunal ordenó al Ministerio de Defensa ofrecer excusas a los colombianos por los excesos en los que incurrió la Policía en el paro nacional del 2019.
“La nación que busca recuperar y construir su identidad democrática no puede ubicar a la ciudadanía que protesta legítimamente en la dialéctica amigo – enemigo, izquierda y derecha, buenos y malos, amigos de la paz y enemigos de la paz”, cita la resolución con la que busca frenar la brutalidad policial.
Entre los puntos importantes del fallo judicial se destaca que el Esmad incurre en agresiones y uso desproporcionado de la fuerza, convirtiéndose en una amenaza.
“No es capaz de garantizar el orden sin violar las libertades y los derechos de los ciudadanos a disentir, pues tampoco hace un uso adecuado de las armas de dotación asignadas”, agrega el documento.
El segundo aspecto que resalta el dictamen es la falta de neutralidad del gobierno al calificar las protestas como una estrategia para derrocar al presidente Iván Duque y el cual está relacionado con el tercer elemento que son los allanamientos a líderes y manifestantes. Entre los allanamientos a destacar se encuentra la sede de la revista Cartel Urbano.
Sobre el uso de la fuerza se indicó que se deben establecer limitaciones y dejar claro que los procedimientos policiales deben establecer controles y limitaciones al uso de la fuerza, ordenar un grupo de trabajo para los procedimientos durante las manifestaciones que busque frenar la violencia.
El gobierno tiene un plazo de 60 días para expedir una reglamentación sobre esta materia en la que tenga en cuenta las directrices señaladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El quinto factor que ordena la CSJ es el reconocimiento y pedir perdón como medida de reparación simbólica de los daños. “La Corte le dio un plazo de 48 horas para realizarlo y este acto de excusas tendrá que ser difundido por radio, televisión y redes sociales. Además, esa corporación le exige al presidente Duque que, en un lapso no mayor a 30 días”.
La sexta consideración del fallo, y la más importante, es la prohibición del uso de la escopeta calibre 12. Con el fallo se ordenó que el Esmad y cualquier institución que efectúe actividades de policía, suspenda su uso hasta que se haga una verificación exhaustiva que constate la existencia de garantías para la reutilización responsable y mesurada de dicho instrumento.
La decisión de la CSJ de Colombia para frenar la violencia policial fue celebrada por dirigentes políticos, que la consideraron como un punto de partida para emprender un debate público sobre el exceso de la Fuerza Pública.
Mientras que el ministro de Defensa, Carlos Holmes, aseguró que hará un “estudio juicioso, tranquilo y detallado” de la misma.
