imageEl Gobierno de Hernández ha estado celebrando la aprobación por parte de los E.E.U.U. de $750,000,000.00 para el denominado “Triangulo Norte”, conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras, en particular para lo que se ha llamado el Plan para la Alianza para la Prosperidad, pero oculta a la opinión pública las severas condicionalidades que estas incluyen.

El paquete de ayuda que se incluyo en la legislación presupuestaria para el 2016 ya pasó ambas cámaras y solo está pendiente de aprobación por el Presidente Obama adonde pasó el pasado 18 de diciembre, para convertirse en Ley.

Pero esta aparente noticia que se presenta como que el Gobierno de Hernández  podrá disponer a manos llenas de estos recursos, tiene un letra pequeña que hay que leer cuidadosamente.

En su paso por el Congreso y por el Senado, se colocaron una serie de ciertas condicionalidades muy duras que el gobierno de JOH deberá cumplir para que pueda usar y seguir recibiendo estos recursos.

Los E.E.U.U. aprueba este paquete de ayuda bajo fuertes condicionantes que deben cumplirse sobre varios temas pero en especial sobre migración, combate a la corrupción, necesidad de transparencia, mejora de la seguridad, persecución de violaciones de Derechos Humanos sobre todo de militares, fortalecimiento de la policía civil, lucha contra la impunidad, mejora de la Justicia, reducir la participación militar en la seguridad y hasta incrementar impuestos y nuevas políticas fiscales.

Adicionalmente condiciona a estos Gobiernos a la protección de los Derechos Humanos de los periodistas, miembros de los partidos de la oposición y defensores de Derechos Humanos.

Esto es el reflejo de las serias preocupaciones que han expresado miembros del Congreso y el Senado, como ocurrió en la reciente carta de más de 50 Congresistas que solicitan a John Kerry el Secretario de Estado mayor dureza hacia el gobierno de JOH por su escaza lucha contra la corrupción y persistente impunidad en la justicia en Honduras.

Como se dice popularmente esta legislación se convierte no solo en la zanahoria de gobiernos como el de Hernández, sino que también en un garrote que los E.E.U.U. puede usar para obligarlo a implementar ciertas medidas.

Para eso el Departamento de Estado y la USAID deben informar periódicamente al Congreso de los Estados Unidos de la situación de como se manejan estos temas.

De igual forma abre la puerta a una mayor vigilancia de parte de miembros de la Sociedad Civil, partidos políticos de oposición o ciudadanos escribir a estos comités en el Congreso Americano y al Departamento de Estado para presentar denuncias sobre la actuación del gobierno de JOH, y si estas no cumplen con las condicionalidades esperadas.

A algunos expertos les preocupa porque se convierte en otra medida de injerencia completa de los Estados Unidos, que ocurre en países como Honduras con una institucionalidad completamente frágil y de escaza soberanía.

No hay que olvidar que una de las causas principales que motivó que estos recursos se aprobaran fue la crisis migratoria de los más de 64,000 niños migrantes que se encontraban en las frontera de Estados Unidos y México.

Niñas y niños que huían de la violencia que viven principalmente Honduras, Guatemala y El Salvador. Violencia provocada principalmente por la incapacidad y debilidad institucional de hacer frente al crimen organizado.

Entonces de aquí llega una de las principales condicionantes exigida sobre todo por congresistas y senadores republicanos para aprobar estos fondos.

Gran parte de los recursos deberán invertirse para los menores migrantes. Para esto el Secretario de Estado deberá enviar al Comité de Apropiaciones del congreso un Plan detallado plurianual definiendo donde se utilizaran los recursos, para poder medir el avance y una línea crítica de tiempo para implementar la estrategia.

Otra de las condiciones es que 25% de estos fondos o sea $187.5 millones solo podrán ser obligados hasta que el Secretario de Estado certifique y reporte al comité del Congreso apropiado de los E.E.U.U. que esos gobiernos están:

1. Tomando los pasos necesarios para informar a sus ciudadanos del peligro de realizar el viaje a la frontera sur de los Estados Unidos;
2. Combatan el tráfico de personas;
3. Mejoren la seguridad fronteriza;
4. Cooperen con las agencias de los E.E.U.U. y de otros gobiernos para facilitar el retorno, repatriación y reintegración de migrantes ilegales que vengan de la frontera sur de los E.E.U.U., que no califiquen como refugiados para el Derecho Internacional.

Como puede observarse estas condicionalidades son duras y obligaran al gobierno de JOH a demostrar más de lo que hace y da una oportunidad a que se denuncia su ineficacia.

Lamentablemente, esto también es una arma de doble filo, ya que fortalece la dependencia de Honduras a los Estados Unidos y su capacidad de injerencia en temas internos.