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Un reciente informe expuso los gastos de Trump en deportación de migrantes, detallando que el gobierno de Estados Unidos desembolsó más de 30 millones de dólares para expulsar personas hacia países que no eran los suyos.
Esta política se aplicó principalmente durante la administración del expresidente Donald Trump, cuando se buscó frenar la llegada de solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica y de otros lugares, enviándolos a naciones terceras como parte de acuerdos migratorios.
Estrategia migratoria y controversia internacional
La estrategia implicaba enviar a migrantes, especialmente a solicitantes de asilo, a países como Guatemala, Honduras y El Salvador, incluso si no eran sus lugares de origen.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado duramente esta práctica, argumentando que vulnera el principio de no devolución y expone a los migrantes a riesgos adicionales.
Según el informe, el monto de 30 millones de dólares destinado cubría vuelos, logística y acuerdos con las naciones receptoras.
El impacto de estos gastos de Trump en deportación de migrantes aún se discute en la región, sobre todo porque varias de las naciones receptoras enfrentan sus propias crisis sociales y de seguridad.
Líderes latinoamericanos y centroamericanos denunciaron que la medida representaba un traslado de la carga migratoria, en vez de buscar soluciones genuinas a las causas de la migración irregular.
