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El gobierno de Honduras en las últimas semanas logró aprobar y ordenar una serie de medidas que afectan a los sectores menos favorecidos de la sociedad, promoviendo la desigualdad y la pobreza.
La exoneración de impuestos a un proyecto millonario que beneficia a consorcios internacionales, mientras se aumenta los gravámenes a productos usados por la mayoría de la población, son las disposiciones anunciadas por las autoridades hondureñas que han incrementado la indignación de la sociedad.
En las redes sociales se leen denuncias de personalidades opositoras y población en contra de uno de los proyectos ‘más ambiciosos’ para el gobierno de Honduras porque representa la entrega de su territorio en un mecanismo denominado Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (Zedes).
Las protestas de los pueblos se intensificó luego que el Congreso Nacional aprobará la implementación de las zonas especiales, prometiendo miles de trabajos a los hondureños que desde hace más de diez años que gobierna el oficialismo sufren las consecuencias del desempleo.
ZEDES
‘Las Zedes son espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para la apropiación y explotación de los bienes naturales’, cita el documento que oficializa la implementación del proyecto por parte del gobierno de Honduras.
Uno de los aspectos más importantes es que las regiones especiales estarán sometidas a reglas diferentes que el resto del país, lo que podría derivarse en que personas ligadas a actos de corrupción pudieran refugiarse en las mismas para evadir la justicia.
Además, las Zedes son sinónimo de expropiación de territorios, amenazando a los ciudadanos que viven en los predios otorgados por el gobierno de Honduras a los consorcios extranjeros.
Desde hace más de un año pobladores, microempresarios, personalidades de oposición han denunciado el impacto que representa el proyecto para las clases menos favorecidas, que en la nación centroamericana son la mayoría.
A pesar de las protestas e intentos de los opositores de detener la implementación de las Zedes, hace unos días se convirtió en ley con el apoyo al oficialismo de varios diputados liberales, dando luz verde al gobierno de Honduras a permitir la expropiación de territorios que ya son una realidad en sectores como Islas de la Bahía y Choluteca.
‘Estamos perdiendo territorio, competencias y la economía dentro de nuestras empresas, prácticamente lo que están dejando es una clase pobre y una clase rica’, dijo el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecámaras), Menotti Maradiaga, hace unos meses.
Mientras los microempresarios advierten del peligro que representan las Zedes para las clases menos favorecidas, los economistas alertan de las condiciones desfavorables de competencia para los inversionistas nacionales.
‘Con estos beneficios adicionales que se les están brindando a las Zedes, con estos beneficios que se van a dejar de percibir van a ser mayores porque, también, considerando que Honduras tiene las tasas más altas de exoneraciones a nivel centroamericano’, señaló la experta Liliana Castillo.
Sobre la exoneración de impuestos, los economistas han desmentido al gobierno de Honduras, mencionando que la estrategia de inversión extranjera hasta el momento no ha dado buenos resultados porque el país continúa sumido en el desempleo.
‘Lo cierto es que la evidencia ha mostrado que eso no es cierto y además es una estrategia obsoleta del siglo pasado que no sirve para resolver problemas de la actualidad’, apuntó el profesional Ricardo Castañeda.
A pesar de los contra que representa la implementación de la Zedes, las autoridades han determinado continuar con el ‘peligroso y millonario’ proyecto exonerando a los más ricos de gravámenes y golpeando a la clase pobre.
IMPUESTOS A LA ROPA USADA
Mientras los que más tienen son beneficiados por el gobierno de Honduras, la Asociación de Importadores de Ropa Usada denunciaron un nuevo ‘trancazo’ a la economía del pueblo hondureño.
Según circular emitida por Aduanas, a partir del 1 de junio se aplicará un aumento de hasta el 200 por ciento a las importaciones de ropa de segunda mano, aumentando su precio.
‘Lo que el gobierno quiere es duplicar o triplicar los impuestos de la ropa usada, lo que sería algo terrible para la gente desposeída’, apuntó el vocero de la organización, Elías Coto.
Manifestó que con la derogación de la circular DEI-DL-SVA-209-2012 un pieza que tenía un precio de 30 lempiras podría llegar a costar de 60 a 90 lempiras, lo que representa un duro golpe para la economía de la población que opta por la ropa de segunda mano.
‘Será imposible para las personas poder vestirse decentemente porque los impuestos son tan exagerados, un 200 por ciento aproximadamente’, apuntó.
Remembró que como parte económicamente activa pagan el impuesto sobre venta, impuesto sobre la renta e impuesto sobre volumen de venta y con un nuevo ‘trancazo’ se estaría promoviendo el cierre de negocios y la posibilidad de que los ciudadanos se visten a precios bajos.
Por su parte, el gobierno de Honduras, por medio del director Ejecutivo de Aduanas, José Vides, aseguró que no se trata de un incremento, sino de un cambio que permitirá el cobro del 15% en el cobro de introducción.
'No es ningún aumento de impuestos, aranceles, ni de fraccionamiento de tarifas', dijo Vides, mientras que los microempresarios aseguran que la reforma a implementar siempre afectará en el precio del producto.
De acuerdo con analistas, los efectos de las medidas implementadas por el gobierno de Honduras se verán reflejadas a corto plazo con mayores índices de desigualdad, pobreza, desempleo y corrupción.
