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El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha promulgado el proyecto de ley SB4, que establece como delito estatal el ingreso ilegal al territorio.
La SB4 no solo penaliza la entrada ilegal, sino que otorga a las autoridades locales el poder de arrestar a migrantes y permite a los jueces emitir órdenes de expulsión hacia México. Este cambio legislativo ha provocado temor en la comunidad latina de Texas, que constituye el 40% de la población estatal, y ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y defensores de la inmigración.
La nueva ley, que se espera entre en vigor en marzo, refleja el enfrentamiento entre Texas y la administración del presidente Joe Biden en medio del aumento de la migración en la frontera sur de Estados Unidos.
El proyecto de ley surge como respuesta a la presión en los recursos locales y federales debido al incremento de cruces fronterizos. En noviembre, se registraron aproximadamente 192,000 detenciones de inmigrantes en los puertos de entrada, un 2% más que en octubre.
Miembros demócratas de la Cámara de Representantes han expresado su preocupación de que la SB4 sobrepase los poderes del gobierno federal, comparándola con la controvertida "ley muéstrame tus documentos" de Arizona, que fue en su mayoría rechazada por la Corte Suprema en 2012.
El debate sobre la constitucionalidad de la SB4 persiste, con el autor republicano sosteniendo que es una medida legal. Kevin F. Lawrence, director ejecutivo de la Asociación de Policía Municipal de Texas, señaló que la ley proporcionaría a las fuerzas policiales locales mejores herramientas para trabajar.
Sin embargo, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) ha amenazado con demandar a Abbott, calificando la ley como una de las más antiinmigrantes aprobadas por cualquier estado. Krish O'Mara Vignarajah, presidenta del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, denunció que la medida amenaza la "seguridad y dignidad de los solicitantes de asilo".
Altos ejecutivos de condados en Texas instaron al presidente Biden a intervenir para evitar que la SB4 entre en vigencia, argumentando que podría resultar inconstitucional y afectar la seguridad de las comunidades. La carta, firmada por líderes de condados como El Paso, Harris y Travis, destaca la preocupación sobre la violación de la Constitución de EEUU por parte del gobernador Abbott.
