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La Fiscalía de Perú formalizó su solicitud de detención domiciliaria por 18 meses para el expresidente Alberto Fujimori. El exmandatario rechazó la petición, argumentando que esta vulnera sus derechos a la libertad y a la protección de la salud.
La audiencia, que buscaba cambiar la comparecencia simple por detención domiciliaria en el proceso relacionado con el asesinato de seis personas en 1992 en Pativilca por el grupo militar encubierto Colina, fue llevada a cabo por el Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio de la Corte Superior Nacional, dirigido por el juez Littman Ramírez.
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad presentó los "elementos de convicción" para respaldar la solicitud, argumentando la ausencia de medidas coercitivas contra el exgobernante y la necesidad de evitar el riesgo de fuga. La Fiscalía recordó que Fujimori fue liberado en diciembre pasado por decisión del Tribunal Constitucional y que también se levantó un impedimento de salida del país por 18 meses el año anterior.
En respuesta, el abogado del expresidente, Elio Riera, solicitó la improcedencia del pedido fiscal y afirmó que Fujimori cuenta con arraigo domiciliario en la residencia de su hija Keiko Fujimori. Fujimori, en su intervención virtual, argumentó que la detención domiciliaria sería "más que una prisión preventiva" y que vulneraría sus derechos a la libertad y a la protección de la salud.
Afirmó que su salud es estable pero está catalogado como paciente de alto riesgo, y que no ha solicitado un pasaporte. Indicó que vive en la casa de su hija Keiko, recibe ingresos como jubilado y regalías por la publicación de sus memorias, y que no posee ningún inmueble a su nombre.
Al finalizar su declaración, el juez anunció que, de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal, emitirá una resolución en un plazo de 48 horas, conforme a lo que dicta la ley. En este mismo caso, el exasesor Vladimiro Montesinos, quien fue figura clave en el gobierno de Fujimori, aceptó la acusación por homicidio, asesinato y desaparición forzada el lunes y será sentenciado el miércoles. El proceso judicial también incluye a otros implicados como el exjefe de las Fuerzas Armadas Nicolás Hermoza Ríos, el exgeneral Luis Pérez Documet y los miembros del grupo Colina.
