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Una reciente denuncia que surgió tras la muerte del recluso Jim Kennedy Jr. en el centro penitenciario de Limestone en Harvest, Alabama, reveló la desaparición de órganos de los cuerpos de varios reclusos difuntos sin el consentimiento de sus seres queridos.
Sara Kennedy, cuñada de Jim Kennedy Jr., recibió una llamada inesperada por parte de la funeraria encargada de los preparativos del sepelio, quienes le consultaron: "¿Se habían dado cuenta de que el cuerpo regresó sin sus órganos?".
La falta de sus órganos principales, incluyendo el hígado y el corazón, fue confirmada por Marvin, hermano del difunto Kennedy Jr.
Arthur Stapler, otro recluso que falleció en el Centro Médico Bautista Brookwood de Birmingham, le extrajeron sus órganos sin su consentimiento. El hijo de Stapler confirmó la falta de órganos luego de pedir una autopsia privada al cuerpo de su padre.
El escándalo de la extracción de órganos ha puesto al descubierto una red de complicidad entre el Departamento Correccional de Alabama y la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB). Las familias de los reclusos fallecidos han presentado demandas, alegando que los órganos de sus seres queridos fueron extraídos y conservados sin su consentimiento, aparentemente con fines didácticos.
Por su parte, la UAB ha afirmado que cumple con todas las leyes y reglamentos pertinentes, asegurando que obtiene el consentimiento adecuado antes de realizar autopsias y extraer órganos. Sin embargo, las familias insisten en que ninguno de los reclusos fallecidos era donante de órganos, y que no se solicitó ni obtuvo autorización para conservar los órganos.
Este escenario puso de manifiesto una serie de problemas sistémicos dentro del sistema penitenciario de Alabama, desde la falta de supervisión hasta la ausencia de normas claras sobre la atención médica y los derechos de los reclusos después de su fallecimiento.
Las demandas presentadas por las familias exigen respuestas y justicia para sus seres queridos fallecidos, poniendo en relieve la necesidad de reformas urgentes en el sistema penitenciario para garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales.
