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Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia, podría ser deportado de Estados Unidos tras ser considerado un riesgo para la seguridad nacional por un juez de inmigración en Luisiana. El fallo se produjo el viernes en una audiencia centrada en la legalidad de su expulsión, tras su participación en manifestaciones pro-palestinas en el campus.
La jueza Jamee E. Comans concluyó que el gobierno demostró "con pruebas claras y convincentes" que Khalil puede ser expulsado del país. Argumentó que su permanencia en EEUU podría tener “graves consecuencias para la política exterior”, lo cual cumple con los requisitos legales para su deportación. No obstante, el abogado de Khalil, Marc Van Der Hout, cuestionó la imparcialidad del proceso y calificó la audiencia como “una farsa” que viola el derecho al debido proceso.
Khalil, residente legal en EEUU, fue arrestado por agentes de inmigración el 8 de marzo en su vivienda estudiantil. Según sus abogados, la detención es parte de una ofensiva del presidente Donald Trump contra estudiantes vinculados a protestas por la guerra en Gaza. En menos de 24 horas, Khalil fue trasladado a un centro de detención en Jena, lejos de su familia y equipo legal. Su esposa, ciudadana estadounidense, está embarazada y próxima a dar a luz.
La defensa tiene hasta el 23 de abril para solicitar una exención que podría detener la deportación. Mientras tanto, un juez federal de Nueva Jersey ha emitido una orden temporal para evitar que Khalil sea deportado mientras se revisa su caso.
Aunque Khalil no ha sido acusado de ningún delito relacionado con las protestas, el gobierno sostiene que los no ciudadanos que expresan opiniones consideradas “pro-Hamás” o antisemitas deben ser expulsados. Khalil ha sido blanco de críticas públicas por su visibilidad como vocero de los estudiantes que protestaban en Columbia, aunque no participó en la toma de edificios ni fue arrestado por los incidentes.
El secretario de Estado Marco Rubio invocó una ley poco utilizada que permite deportar a personas cuyo comportamiento pueda afectar negativamente la política exterior del país. Por su parte, jueces federales en Nueva York y Nueva Jersey han ordenado al gobierno no proceder con la deportación hasta que se resuelva el caso judicial.
La administración Trump también ha recortado fondos federales por 400 millones de dólares a Columbia como medida contra lo que considera antisemitismo en el campus. Paralelamente, las autoridades migratorias han intensificado acciones contra otros críticos de Israel en universidades, cancelando visas y realizando deportaciones.
El caso de Khalil se ha convertido en un símbolo del creciente conflicto entre libertad de expresión, seguridad nacional y política exterior en el entorno universitario de Estados Unidos.
