Estados demócratas demandan a la gestión Trump por su intento de acabar con la nacionalidad por nacimiento 

Estados demócratas demandan a la gestión Trump por su intento de acabar con la nacionalidad por nacimiento 

Son 20 estados demócratas que se unieron para demandar al nuevo inquilino de la Casa Blanca argumentando que no tiene autoridad para cambiar el significado de la Enmienda 14 de la Constitución. 

estados demócratas demandan a Trump El gobierno de Donald Trump asegura que la Enmienda 14 fue malinterpretada. / Imagen de archivo. / Cortesía.
  • Jacqueline Alvarenga | 21-01-2025.2:32 pm.

El gobierno de Donald Trump ha sido demandado por varios estados demócratas que buscan evitar que el derecho a la nacionalidad por nacimiento no sea eliminado en Estados Unidos (EEUU).

La demanda colectiva, que incluye a al menos 20 estados demócratas, se da a menos de 24 horas que Donald Trump asumiera como presidente de EEUU.

De acuerdo con el proceso legal, el gobierno de Trump no tiene la autoridad para cambiar por la vía ejecutiva el significado de la Enmienda 14 de la Constitución.

La demanda para evitar que la nacionalidad por nacimiento sea suspendida se presentó ante los tribunales de Massachusetts. Entre los estados demócratas  que han presentado la demanda figuran Colorado, Carolina, Maine, Michigan, Nuevo México y Carolina del Norte.

"El principio de la ciudadanía por nacimiento ha estado vigente por 150 años en la Constitución", detalla la demanda que busca mantener el derecho de las personas que nacen en suelo estadounidense.

El argumento de los estados demócratas se enfoca en que un presidente no tiene autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional ni estatuto avalado apropiadamente.

El gobierno de Donald Trump asegura que la Enmienda 14 fue malinterpretada. "La enmienda siempre ha excluido de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que nacieron en Estados Unidos sin estar sujetas a su jurisdicción".

No es la única demanda en contra del decreto de Trump, el cual entrará en vigor en febrero. Organizaciones de derechos civiles también han presentado acciones para evitar se ponga en marcha.