La presidenta de facta, Jeanine Áñez y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Imagen de ABI.
El gobierno de facto de Bolivia se ve envuelto en un escándalo que derivaría en actos de corrupción luego que la empresa IME Consulting Global Services SL denunciara que 95 respiradores se perdieron en poder de funcionarios.
Según se informa en medios locales, la empresa de inversión española intermedió en la venta de 170 respiradores para pacientes con Covid-19 con una partida de 2.2 millones de dólares.
Días después del arribo de los ventiladores, el gobierno de facto de Bolivia exigió la devolución del dinero por considerar una compra sobrevalorada, pero la compañía española ha contestado con una denuncia: “Perdieron los respiradores enviados al país”.
“Solo han podido encontrar 75 respiradores”, dijo el representante legal de IME Consulting Service SL, Ramiro Vega, en respuesta al desembolso exigido en Bolivia.
“El gobierno confiesa que no saben dónde están los respiradores que es les ha entregado”, agregó Vega, mientras la nación replica el escándalo en medio de dos versiones.
La empresa española responsabiliza directamente al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y a la presidenta de facta, Jeanine Áñez, por intentar hacer proselitismo con los ventiladores.
Para Vega el gobierno de facto de Bolivia cayó en irresponsabilidad administrativa al pedir que “saltasen todos los protocolos para acudir directamente a un acto político para exhibir los respiradores”.
POLÉMICA
La polémica entre la intermediaria y los funcionarios se da luego que el ministro de Justicia de Bolivia, Álvaro Coimbra, anunciara la rescisión del contrato.
“Nosotros hemos respondido que queremos la resolución del contrato; eso significa la devolución de los 2.200, dólares al Estado y nosotros devolvemos los respiradores que llegaron a Bolivia”, dijo Coimbra iniciando el escándalo.
El gobierno de facto de Bolivia reveló que los respiradores fueron fabricados por la compañía española GPA Innova y su venta fue consensuada con IME Consulting Gloval Service SL, por un precio de 28,080 dólares por unidad.
“La fábrica aclaró que cada respirador tenía un costo de 7,234 dólares; descubriendo un sobreprecio de 3.3 millones”, dijeron representantes del ministerio de Justicia.
En Bolivia por el escándalo en la compra de insumos para pacientes contra del Covid-19 fue destituido el ministro de Salud, Marcelo Navajas. El ahora exfuncionario se encuentra detenido mientras se investiga el acto irregular.
Las pesquisas incluyen al exdirector jurídico del Ministerio de Salud Fernando Valenzuela y el exdirector de Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) Giovani Pacheco, entre otros altos funcionarios del gobierno de facto de Bolivia.
