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El empresario Elon Musk anunció el fin de su rol como asesor especial del presidente Donald Trump, marcando así el cierre de una etapa en la que lideró esfuerzos para reformar la burocracia federal y recortar el gasto público.
A través de su plataforma X, Musk explicó que su colaboración como Empleado Especial del Gobierno había concluido, y expresó su agradecimiento al presidente por confiarle la misión de reducir el derroche en el aparato estatal. “La iniciativa DOGE seguirá creciendo hasta convertirse en una filosofía de gestión dentro del gobierno”, escribió, en referencia al Departamento de Eficiencia Gubernamental que él mismo impulsó.
Un funcionario de la Casa Blanca, que pidió no ser identificado, confirmó su salida. La noticia llega apenas un día después de que Musk manifestara públicamente su descontento con la principal propuesta legislativa de Trump: un amplio paquete que mezcla recortes fiscales con medidas migratorias más estrictas. Durante una entrevista con CBS, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX calificó el proyecto como “un gasto masivo” que incrementa el déficit federal y socava el trabajo que DOGE venía realizando. “Una ley puede ser grande o puede ser hermosa, pero no estoy seguro de que pueda ser ambas cosas”, ironizó.
En respuesta, Trump defendió su propuesta desde la Oficina Oval, reconociendo que el texto legislativo no es perfecto, pero afirmó sentirse satisfecho con partes importantes del mismo. También insinuó que aún podría haber ajustes: “Vamos a ver qué pasa, todavía queda mucho por negociar”.
Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, agradeció a Musk por sus aportes e indicó que el Congreso está listo para seguir aplicando las recomendaciones de DOGE. Johnson también pidió a los senadores que no alteren sustancialmente el contenido del proyecto para no desestabilizar el frágil equilibrio alcanzado por los republicanos en la Cámara.
Como parte del seguimiento a las recomendaciones de eficiencia, la Casa Blanca anunció que enviará al Congreso un paquete de recortes presupuestarios, el cual contempla la eliminación de $1.100 millones destinados a la Corporación de Radiodifusión Pública que financia NPR y PBS, así como una reducción de $8.300 millones en asistencia internacional.
