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Estados Unidos ha restringido las visas de más de 100 funcionarios municipales nicaragüenses debido a su implicación en el gobierno del presidente Daniel Ortega, según anunció el Departamento de Estado.
La reelección de Ortega en 2021 ha sido considerada fraudulenta por parte de Washington, quien además le ha reprochado una serie de detenciones y ataques "implacables" contra los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses, según declaraciones del portavoz oficial Matthew Miller.
El gobierno de Ortega, junto con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, ha clausurado más de 3,500 ONG y ha intensificado la persecución contra la Iglesia católica en los últimos tiempos.
En un comunicado oficial, el Departamento de Estado anunció que ha aplicado "restricciones de visa a más de 100 funcionarios municipales nicaragüenses debido a su papel en el gobierno de Ortega-Murillo".
El gobierno de Joe Biden acusa a Managua de continuar "participando en una campaña represiva que silencia a la sociedad civil y detiene injustamente a personas valientes por ejercer sus libertades fundamentales", según el comunicado.
Nicaragua ha estado bajo sanciones estadounidenses desde la represión de las protestas de 2018 contra Ortega, quien ha estado en el poder desde 2007 y ha sido reelegido en comicios cuestionados por la comunidad internacional.
Estados Unidos prometió seguir trabajando a nivel internacional para que todos aquellos que amenacen la democracia en el país centroamericano sean responsabilizados.
Por otro lado, la ONG Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas denunció que al menos 121 opositores y críticos del gobierno de Ortega se encuentran en las cárceles de Nicaragua.
De acuerdo con el informe presentado por este mecanismo, respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre el 1 y el 31 de enero de 2024 se llevaron a cabo seis detenciones arbitrarias por motivos de persecución política, así como el destierro de 17 religiosos que figuraban en la lista de prisioneros políticos, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados como traición a la patria.
Además, el número de personas adultas mayores privadas de libertad y en condiciones inhumanas ha aumentado a 22, sin que se respeten sus derechos humanos, advirtió el Mecanismo, compuesto por ONG de derechos humanos, familiares de presos y excarcelados políticos, y abogados defensores.
