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El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., anunció que ocho colorantes artificiales serán eliminados de los alimentos y medicamentos en Estados Unidos antes de que termine el año 2026. La medida incluye productos como caramelos, helados, refrescos y mermeladas, donde estos aditivos se utilizan para dar color o compensar la pérdida del mismo debido a la luz o temperaturas extremas, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
Los colorantes que dejarán de usarse incluyen los conocidos como Azul FD&C Nº 1 y 2, Verde Nº 3, Rojo Nº 40, y Amarillo Nº 5 y 6. Además, en los próximos meses se comenzará el proceso para revocar la autorización de los colorantes Orange B y Rojo Cítrico Nº 2. Paralelamente, la FDA planea autorizar nuevos colorantes naturales y colaborar con los Institutos Nacionales de Salud para investigar los efectos de los aditivos alimentarios en el desarrollo infantil.
Durante años, Kennedy ha criticado duramente a las industrias alimentaria y farmacéutica, responsabilizándolas del aumento de enfermedades crónicas en el país. Ahora, como miembro del gabinete del expresidente Donald Trump, sus propuestas han sido integradas en la agenda gubernamental "Hacer a América Saludable de Nuevo".
La administración anterior ya había establecido la prohibición del colorante Rojo Nº 3 para enero de 2027, pero la nueva gestión solicita que se adelante esa fecha. Kennedy ha vinculado el uso de colorantes a trastornos como el TDAH y la obesidad. En una reciente rueda de prensa, también señaló la falta de estudios independientes sobre la seguridad de estos aditivos, y criticó la presencia de intereses corporativos en las agencias reguladoras.
En marzo, Kennedy se reunió con líderes de grandes compañías alimentarias como PepsiCo, General Mills y Kraft Heinz, y les exigió eliminar los colorantes artificiales en un plazo de dos años. Afirmó que, si alguien quiere consumir compuestos derivados del petróleo, debería hacerlo de forma consciente y no de manera impuesta en los productos cotidianos.
La decisión ha sido bien recibida por activistas por la alimentación saludable, quienes consideran este paso como un avance significativo para la salud pública y la transparencia en la industria alimentaria.
