Con el fin de ejercer mayor presión sobre Cuba, el gobierno del presidente Donald Trump anunció el miércoles que permitirá demandas contra empresas extranjeras que hayan hecho negocios en propiedades confiscadas a estadounidenses por el gobierno cubano tras la revolución cubana de 1959.

La decisión representa un cambio en más de dos décadas de política estadounidense hacia La Habana y un golpe a los esfuerzos de La Habana para atraer inversión extranjera a la isla de gobierno comunista.

Durante una conferencia de prensa en Washington, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que no renovará una prohibición a las litigaciones, que ha estado vigente desde hace dos décadas.

El anuncio de Pompeo da a los estadounidenses el derecho de demandar a las compañías que operan en hoteles, negocios tabaqueros, destilerías y otras propiedades que Cuba nacionalizó después de que Fidel Castro tomara el poder. Permite que los cubanos que se convirtieron en ciudadanos estadounidenses años después de que se les quitaron sus propiedades puedan presentar demandas.

“Esas oportunidades de justicia para los ciudadanos han estado fuera de nuestro alcance durante dos décadas”, declaró Pompeo. AP.