El brutal asesinato de Nery Orlando López, conocido como Magdaleno Meza Fúnez, solo comprueba que las cárceles en Honduras están gobernadas por los reos y genera suspicacia el hallazgo de 245 mil lempiras en un microbús cuando intentaban ingresarlo a la cárcel de máxima en Ilama, Santa Bárbara (El Pozo).
Así lo consideró la titular del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Migdonia Ayesta.
“Continuamos con cárceles gobernadas por los propios privados de libertad. Es lamentable porque es de uso de poder de unos contra otros”, dijo la especialista antes de ahondar en el crimen de uno de los mencionados en el caso del hermano del presidente de Honduras.
“Cómo puede demostrar el Estado que no hay colusión si hasta en un bus llevaban dinero para entrarlo a esas cárceles de máxima seguridad, que seguramente era para quitarle la vida a este señor Fúnez”, acotó la especialista.
Al respecto añadió que en los reclusorios existe un “autogobierno” de organizaciones delictivas muchas veces apoyadas por los mismos custodios y eventos como estos lo demuestran.
Tras la muerte del presunto narcotraficante, mencionado en los EEUU durante el juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, autoridades han indicado que el ahora occiso tenía pensado desmentir la existencia de la “narcolibreta” presentada como evidencia.
“¿Qué pasa con los privados de libertad y qué pasa con quienes los cuidan? ¿Hay alguna relación simbiótica? Cómo es que en estas cárceles siendo un espacio seguro, el Estado a cargo de la seguridad de él siguen ocurriendo muertes, o estas muertes son muchas veces selectivas para callar a personas que tenían cuadernos que habían escrito sobre el narcotráfico, donde están involucrados políticos?”, dijo Ayesta al respecto.
Por su parte, Carlos Chajtur, el abogado de Magdaleno Meza, culpó directamente al gobierno orlandista por no salvaguardar la vida de su cliente, quien había denunciado amenazas y hasta solicitado un traslado.
A pesar de la importancia del hecho, el régimen orlandista se limitó solamente a intervenir los centros penales por medio de elementos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).
