Informe refleja claramente que los niveles de inseguridad y violencia siguen siendo muy altos, denuncia que la impunidad generalizada continuaba debilitando la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia.

Se refiere en forma concreta a uso excesivo de la fuerza contra las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Para Amnistía Internacional Honduras sigue siendo uno de los países más peligrosos de las Américas para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

En su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2017/18, que abarca 159 países, Amnistía Internacional presenta el análisis más exhaustivo de la situación actual de los derechos humanos en el mundo. Aquí transcribimos para su conocimiento las partes más destacadas del informe en su parte general, análisis regional de América Latina relacionado con Honduras, y el fuerte estudio relacionado a nuestro país

Aunque las conclusiones siguen siendo estremecedoras, son los hechos como los que se destacan en el informe los que han movilizado a gente de todo el mundo para plantarle cara a la adversidad y hacer oír su voz.

En el prólogo, las cinco perspectivas regionales y el análisis individual de los 159 países y territorios de todas las regiones que componen este informe, se documentan la lucha de muchas personas para reivindicar sus derechos y el incumplimiento por los gobiernos de su obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos.

Cuando comienza el año del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, queda sobradamente claro en el informe de Amnistía Internacional que nadie puede dar por sentados sus derechos humanos. Desde luego, no podemos dar por sentado que tendremos libertad para reunirnos en una protesta o para criticar a nuestro gobierno. Tampoco podemos dar por sentado que dispondremos de seguridad social cuando seamos personas ancianas o incapacitadas, que nuestros bebés podrán crecer en ciudades con aire limpio y respirable o que, como jóvenes, acabaremos los estudios y encontraremos un trabajo que nos permita comprar una casa.

La batalla por los derechos humanos nunca se gana de forma definitiva en ningún lugar ni en ningún momento.

PERSPECTIVA REGIONAL: AMÉRICAS

La discriminación y la desigualdad seguían siendo la norma en todo el continente. La región seguía sufriendo los estragos causados por los altos niveles de violencia, con oleadas de homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Los defensores y defensoras de los derechos humanos padecían niveles de violencia cada vez más altos. La impunidad seguía siendo generalizada y las políticas de demonización y división se intensificaron.

Los pueblos indígenas sufrían discriminación y seguían viendo negados sus derechos económicos, sociales y culturales. Incluido su derecho a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos que los afectaban. Fueron pocos los avances de los gobiernos en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, así como de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

Un elevadísimo número de personas en toda la región afrontaba una crisis de derechos humanos cada vez más grave, alimentada por el retroceso de los derechos humanos en la legislación, las políticas y las prácticas, y por el uso creciente de una política de demonización y división. En muchos países había peligro de que la regresión se volviera endémica. Este retroceso agravaba además la desconfianza hacia las autoridades (que se manifestaba en los bajos niveles de participación en elecciones y referéndums) e instituciones como, por ejemplo, los sistemas nacionales de justicia.

La violencia extrema y persistente era habitual en países como Brasil, El Salvador, Honduras, México y Venezuela. La violencia en toda la región se veía con frecuencia alimentada por la proliferación de armas pequeñas ilegales y por el crecimiento de la delincuencia común organizada. La violencia contra las personas LGBTI, contra las mujeres y las niñas y contra los pueblos indígenas era generalizada.

Según un informe de la ONU, América Latina y el Caribe seguía siendo la región más violenta del mundo para las mujeres, pese a las estrictas leyes existentes para hacer frente a esta crisis. La región tenía la tasa de violencia no conyugal contra las mujeres más alta del mundo, y la segunda tasa más alta de violencia conyugal.

CRISIS DE REFUGIADOS

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 57.000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador solicitaron asilo en el extranjero. Muchas de ellas fueron obligadas a regresar a sus países, donde la falta de un sistema de protección eficaz las dejaba expuestas a los mismos peligros y condiciones de los que habían huido. Miles de familias y personas menores de edad no acompañadas procedentes de esos países emigraron a Estados Unidos a través de México y fueron aprehendidas en la frontera estadounidense.

México recibió una cifra sin precedentes de solicitudes de asilo, en su mayoría de ciudadanos y ciudadanas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, pero eludió reiteradamente brindar protección a quienes la necesitaban y, en lugar de ello, devolvió a esas personas a situaciones sumamente peligrosas donde incluso sus vidas estaban en riesgo.

El sistema argentino de recepción de solicitantes de asilo seguía siendo lento e insuficiente y no disponía de ningún plan de integración para ayudar a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a acceder a derechos básicos, como la educación, el trabajo y la atención médica.

Un gran número de cubanos y cubanas seguían abandonando su país a causa de los bajos salarios y las restricciones injustificadas de la libertad de expresión.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Continuaban las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas en países como Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú.

PERIODISTAS Y DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los riesgos y peligros extremos que conllevaba defender los derechos humanos quedaron patentes en numerosos países de la región, y los defensores y defensoras de los derechos humanos afrontaban amenazas, hostigamiento y ataques en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua y Paraguay, entre otros lugares.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN PELIGRO EN HONDURAS

Honduras seguía siendo uno de los países más peligrosos de la región para quienes defendían los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Estas personas eran blanco de acciones de agentes tanto estatales como no estatales, sufrían campañas difamatorias que desprestigiaban su labor y sufrían de manera habitual intimidación, amenazas y ataques. La mayoría de los ataques registrados contra defensores y defensoras de los derechos humanos quedaban impunes.

Apenas se avanzó en la investigación del asesinato de la defensora medioambiental indígena Berta Cáceres, cometido en marzo de 2016. Desde su asesinato, varios activistas medioambientales y de derechos humanos de Honduras habían sido objeto de hostigamiento y amenazas.

CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO

Tras una sentencia del Tribunal Constitucional de Chile, que refrendó la despenalización del aborto en determinadas circunstancias, en todo el mundo sólo quedaban siete países que mantenían la prohibición total del aborto, incluso cuando peligraba la vida o la salud de la Informe 2017/18 Amnistía Internacional mujer o la niña embarazada. Seis de esos países estaban en la región de las Américas:

República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam.

En Honduras, el Congreso también mantuvo en el nuevo Código Penal la prohibición del aborto en todas las circunstancias.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES

Las personas LGBTI afrontaban condiciones persistentes de discriminación, hostigamiento y violencia en la región, en países como Haití, Honduras y Jamaica, entre otros.

En el apartado específico sobre Honduras el Reporte de Amnistía Internacional señal como ficha correspondiente al país lo siguiente:

REPORTE SOBRE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Los niveles de inseguridad y violencia seguían siendo altos. La impunidad generalizada continuaba debilitando la confianza pública en las autoridades y en el sistema de justicia. Las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Honduras seguía siendo uno de los países más peligrosos de las Américas para los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente para quienes trabajaban en la protección de la tierra, el territorio y el medio ambiente. El gobierno anunció la creación de un ministerio de derechos humanos y justicia, que debía estar operativo en 2018.

USO EXCESIVO DE LA FUERZA

University students, supporters of Honduran presidential candidate for the leftist Libertad y Refundacion (LIBRE), Xiomara Castro, confront the police as they protest in Tegucigalpa, on November 26, 2013. Hundreds of students were cleared by police and military agents with tear gas as they blocked the streets of the Honduran capital Tuesday. The Honduran ruling conservative party’s presidential candidate Juan Orlando Hernandez leads the vote with 34% after counting the ballots in 67% of the polling stations, according to the Supreme Electoral Court (TSE). AFP PHOTO / Orlando SIERRA

Las protestas masivas que comenzaron el 29 de noviembre en todo el país para denunciar la falta de transparencia de las elecciones presidenciales fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Cientos de personas fueron arrestadas o detenidas, y en diciembre se impuso un toque de queda de diez días. Las fuerzas de seguridad emplearon contra quienes protestaban una fuerza excesiva, que incluyó el uso de armas letales. Al menos 31 personas resultaron muertas, y también se enunciaron múltiples casos de personas heridas por arma de fuego o brutalmente golpeadas por las fuerzas de seguridad, así como casos que podrían constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente quienes defendían el medio ambiente y la tierra, seguían corriendo peligro de sufrir abusos contra sus derechos humanos. Eran blancos de campañas difamatorias orquestadas tanto por el Estado como por agentes no estatales para desacreditar su labor, y eran habitualmente objetivo de intimidaciones, amenazas y ataques. En junio, tres integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fueron objeto de un ataque armado cuando regresaban de una reunión en un vehículo. Las ONG locales afirmaban que el sistema de justicia seguía empleándose indebidamente para hostigar y hacer desistir a los defensores y defensoras de los derechos humanos. También se denunciaba un uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad durante protestas pacíficas.

La gran mayoría de los ataques registrados contra defensores y defensoras de los derechos humanos seguían impunes, como consecuencia de los múltiples obstáculos que afrontaban las investigaciones y los juicios. Apenas se avanzó en la investigación del asesinato de la defensora ambientalista indígena y cofundadora de COPINH Berta Cáceres, cometido en marzo de 2016. Las audiencias judiciales públicas de los ocho sospechosos detenidos en relación con el caso se aplazaron en numerosas ocasiones.

Los expertos independientes revelaron una falta de diligencia debida en las investigaciones, que incluía la ausencia de procesamiento de otras personas posiblemente involucradas en el crimen. No había información sobre los progresos realizados por el Ministerio Público para identificar a los responsables de planificar su asesinato.

Aunque el Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia trajo consigo algunos avances en la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, seguían siendo insuficientes los esfuerzos por garantizar la protección integral de estas personas.

Las nuevas disposiciones del Código Penal sobre terrorismo y delitos conexos, aprobadas por el Congreso Nacional en febrero y septiembre, se definieron de una forma excesivamente amplia e imprecisa, contraria al principio de legalidad. Esas disposiciones podrían derivar en la aplicación arbitraria e inadecuada del Código contra manifestantes pacíficos y defensores y defensoras de los derechos humanos, lo cual podría criminalizar aún más su labor y obstaculizar el trabajo de los movimientos sociales.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Varios pueblos indígenas seguían asegurando que se había vulnerado su derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en el contexto de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales en sus territorios. Se denunciaron homicidios, agresiones y casos de utilización indebida del sistema de justicia contra quienes defendían a los pueblos indígenas.

Hubo críticas contra el anteproyecto de ley marco de consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas, entre otras cosas por la insuficiente participación de las comunidades indígenas y garífunas (afrodescendientes) en el proceso.

Aún no se habían implementado las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015 en dos casos en los que Honduras había violado los derechos colectivos sobre la tierra de comunidades garífunas.

CONFLICTOS DE TIERRAS

Persistían los conflictos a causa de la falta de seguridad de tenencia respecto a la tierra. Se reportaron altos niveles de violencia en el Valle del Aguán, donde seguían sin resolverse largos conflictos de tierras. Según el Movimiento Unificado Campesino del Aguán, no se habían implementado adecuadamente las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la vida y la integridad de líderes y lideresas en el Valle del Aguán.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Las mujeres, las niñas y las personas LGBTI seguían afrontando altos niveles de violencia de género. Entre enero y octubre, el Centro de Derechos de las Mujeres registró 236 muertes violentas de mujeres. Según la Red Lésbica Catrachas, también aumentaron los homicidios de personas LGBTI, con un total de 35 muertes. La impunidad en estos casos seguía siendo alta, ya que las autoridades no tenían capacidad ni recursos para investigar, juzgar y castigar a quienes los perpetraban.

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Persistía la falta de protección de los derechos de las mujeres y las niñas, a quienes no se garantizaba el acceso a un aborto seguro y legal en ninguna circunstancia. Pese a las recomendaciones formuladas por órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos, el Congreso Nacional decidió en abril mantener en el nuevo Código Penal la prohibición del aborto en todas las circunstancias.

PERSONAS REFUGIADAS Y SOLICITANTES DE ASILO

La violencia generalizada en todo Honduras seguía siendo un factor clave de emigración forzada. Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, 14.735 personas hondureñas habían solicitado asilo entre enero y octubre en países de todo el mundo, la mayoría en México y Estados Unidos. Sin embargo, también seguía devolviéndose a Honduras desde esos países a numerosas personas, que se veían así obligadas a regresar a las mismas situaciones de peligro mortal que originalmente las habían llevado a escapar. Hasta la fecha, no existía ningún mecanismo ni protocolo integral para detectar y abordar de una forma sistemática las necesidades de protección de las personas devueltas.

Si deseas leer el informe completo puedes acceder aquí