Foto: Shutterstock
Un informe histórico de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha revelado que el gobierno de Corea del Sur facilitó durante décadas violaciones de derechos humanos en un polémico programa de adopciones internacionales. Al menos 170,000 niños fueron enviados al extranjero sin una supervisión adecuada, permitiendo que agencias privadas con fines de lucro incurrieran en fraude, falsificación de documentos y coerción.
Desde la década de 1950, Corea del Sur ha sido el país que más niños ha enviado al extranjero para ser adoptados, principalmente a países occidentales. "Es una parte vergonzosa de nuestra historia", declaró Park Sun-young, presidenta de la comisión. Si bien algunos niños encontraron familias amorosas, otros sufrieron traumas y dificultades debido a procesos de adopción defectuosos.
La investigación, iniciada en 2022, ha recibido hasta ahora 367 denuncias de adoptados enviados al extranjero entre 1964 y 1999. De los 100 casos revisados, 56 fueron reconocidos como víctimas de violaciones de derechos humanos. La comisión aún evalúa otras denuncias y concluirá su trabajo en mayo.
El informe señala que, tras la Guerra de Corea, la adopción nacional era poco común debido a la crisis económica. Para hacer frente a la situación, el gobierno surcoreano delegó el proceso a agencias privadas, otorgándoles amplios poderes mediante leyes especiales. Sin embargo, la falta de control estatal permitió abusos generalizados.
Las agencias extranjeras exigían un número fijo de niños mensualmente, y las coreanas cumplían con la demanda sin suficiente supervisión. Al no existir regulación sobre los costos, las adopciones se convirtieron en un negocio lucrativo, con agencias cobrando altas tarifas y exigiendo "donaciones".
Entre las irregularidades detectadas, se encuentran adopciones sin el consentimiento adecuado de las madres biológicas, selección deficiente de padres adoptivos y la alteración deliberada de documentos para hacer que los niños parecieran abandonados. Muchas víctimas han enfrentado dificultades para rastrear a sus familias biológicas debido a identidades falsas en sus registros.
Uno de los casos investigados es el de Inger-Tone Ueland Shin, adoptada ilegalmente por una pareja noruega cuando tenía 13 años. En su país de adopción, enfrentó maltrato y abuso por parte de su padre adoptivo. "Se preocupaban más por su perro que por mí", relató.
En 2022, logró que su gobierno local reconociera su negligencia y recibió una compensación económica. Sin embargo, sus adoptantes nunca enfrentaron consecuencias legales. "He vivido en el país equivocado y he tenido una vida dolorosa y miserable", afirmó.
En respuesta a estos hallazgos, la comisión ha recomendado que el gobierno surcoreano emita una disculpa oficial y adopte estándares internacionales en procesos de adopción. En 2023, se aprobó una ley que transfiere la gestión de adopciones internacionales a una entidad gubernamental en lugar de agencias privadas, medida que entrará en vigor en julio.
A pesar de estos cambios, muchas víctimas y sus familias biológicas aún enfrentan las secuelas de un sistema que, por décadas, priorizó el negocio sobre el bienestar de los niños.
