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El Congreso Nacional de Honduras derogó la noche del miércoles la Ley del Empleo por Hora, restituyendo los derechos laborales a los trabajadores.
La derogación del estamento se aprobó en un tercer debate, dejando sin efecto el decreto publicado en el diario La Gaceta en marzo del 2014.
La Ley de Empleo por Hora entró en vigor bajo la figura de emergencia nacional, decretado por el exgobernante Porfirio Lobo Sosa, bajo el argumento de fomentar la creación de nuevas oportunidades laborales.
Desde su aprobación, el Partido Libertad y Refundación (Libre) y líderes opositores se pronunciaron en contra por considerar la ley lesiva para los derechos laborales de los empleados.
Entre los argumentos para que el estamento fuera derogado se menciona que su implementación viola el Código de Trabajo, el cual ya establece la contratación por media jornada o por hora.
La Ley del Empleo por Hora tergiversó por años las jornadas de trabajo, restringió el derecho a vacaciones, descanso remunerado, aguinaldos, décimo cuarto y otras prebendas a favor de los trabajadores.
Asimismo, se les privaba de acceso al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), siendo los mismos trabajadores los que absorbían el pago del seguro.
Un estudio desarrollado por el Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS) reveló que los derechos laborales tras la implementación de la ley se vieron lacerados o afectados en un 57%.
Se estima que para el 2015, un 52% de las empresas habían sustituido sus empleados permanentes por temporales.
Con la derogación, los trabajadores contratados bajo esa modalidad quedan bajo la protección del Código del Trabajo.
El primer artículo del decreto que derogó la ley lesiva para los derechos laborales establece que “a partir de la vigencia del nuevo decreto, todos los trabajadores y trabajadores contratadas al amparo de la Ley de Empleo por Hora quedan bajo la protección de las disposiciones relativas al derecho del trabajo contenidas en el capítulo quinto del Código del Trabajo de las declaraciones derechos y garantías de la Constitución de la República”.
Asimismo, se prohíbe que el decreto sea invocado como causal de despido de los trabajadores. La nueva ley entrará en vigor a los 60 días después de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
