Ecuador enfrenta una escalada de violencia en su sistema penitenciario, con al menos 139 personas secuestradas, entre servidores del Cuerpo de Seguridad, Vigilancia Penitenciaria y personal administrativo, en cinco prisiones del país por los motines perpetrados por los reos desde el lunes.
Tras casi tres días de incertidumbre, el Servicio de Atención Integral de Ecuador (SNAI) informó sobre la situación, destacando el desafío que representa la violencia carcelaria.
Cuando empezaron los motines, el departamento de comunicación del SNAI, indicó que se registraron retenidos en las cárceles de Loja, El Oro, Chimborazo, Cotopaxi y Azuay. No obstante, según informes de este miércoles, las retenciones son en los penales de Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua y Cotopaxi.
Por su parte, el gobernador de Azuay, Milton Benítez, informó que solo en la cárcel de Turi en Cuenca hay 49 guías penitenciarios y 12 miembros del personal de cocina retenidos.
La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están trabajando conjuntamente para lograr la liberación de todo el personal en los centros penitenciarios. Sin embargo, la incertidumbre persiste, por los estremecedores videos de ejecuciones a guías carcelarios que circulan en redes sociales desde el 9 de enero. Aunque su veracidad aún no ha sido confirmada, generan preocupación y exigen una respuesta oficial del gobierno.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en una declaración, aseguró que su gobierno no cederá ante los ataques y amedrentamientos de grupos de delincuencia organizada. Además, reveló que estas bandas intentaron imponer condiciones, como evitar el traslado de líderes criminales y la construcción de nuevas cárceles en Santa Elena y Pastaza, a lo que afirmó que el gobierno se negará.
En el ámbito internacional, Estados Unidos expresó su respaldo a Ecuador en la lucha contra los grupos armados, con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, condenando los ataques y comprometiéndose a fortalecer la cooperación para llevar a los perpetradores ante la justicia.
Otros países, como Argentina, China, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú, también han manifestado su solidaridad y condena a las acciones del crimen organizado.