El defensores de los Derechos Humanos (DDHH) y representante del gremio de la guardia campesina, José Gustavo Arcila Rivera, fue asesinado en el Departamento de Cuaca, Colombia, mientras trabajaba en su tierra . Según denuncias de diferentes organizaciones políticas y sociales del país sudamericano.
Cuaca, es uno de los departamentos más afectados en cuanto a asesinatos de los encargados en denuncias a las violaciones de los derechos fundamentales. Desde el 2016, han sido asesinados 226 líderes sociales en el municipio de Cortinto, Departamento de Cuaca.
“Los hechos sucedieron alrededor de las 6:00 de la mañana de este domingo, cuando nuestro amigo estaba en su parcela, ubicada en la vereda La Cominera. A dicho lugar llegó un sujeto que atacó al señor con arma de fuego y luego huyó”, informaron integrantes de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro.
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Después del atentado hacia José Arcila, fue trasladado hacia el hospital más cercano de la zona en el municipio de Corinto, donde el representante del gremio campesino falleció a consecuencias del impacto de bala que produjo heridas letales para Arcila.
La investigación continua en curso, para dar con el paradero del responsable de la muerte de José Arcila, sin embargo, las organizaciones de los defensores de los Derechos Humanos de Cuauca, exigen justicia, y garantias de vida hacia los defensores de los territorios de la comunidad.
Los registros de los ataques hacia los defensores de los DDHH, son alarmantes entre el pasado viernes al domingo 28 de julio, se han realizado 4 homicidios, ejecutados por grupos armados irregulares que operan en la zona, según la información aportada por los líderes sociales del Departamento, citados por la prensa local.
Según un informe realizado por la Organización de Naciones unidas (ONU), Colombia es el país en Latinoamerica con más asesinatos hacia defensores de los Derechos Humanos y activistas de las garantías fundamentales. Así mismo el informe que realizó Michel Forst, indica que históricamente la tasa de impunidad de homicidios contra los defensores de DDHH se sitúa alrededor del 95% en comparación con la de homicidios dolosos, que fluctúa entre un 86% y un 94%.