El nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en noviembre del 2019, impondrá penas de uno a tres años de cárcel e inhabilitación por impedir que se desarrollen sesiones en alcaldías.

“Quienes con violencia, intimidación, fuerza, simulando autoridad o invocando falsa orden, tratan de impedir el ejercicio de las funciones de las corporaciones municipales”, cita el estamento.

Las penas son de uno a tres años de prisión, con inhabilitación de su cargo si se trata de un funcionario.

Las condenas son mayores si el delito se comete en el Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y Poder Ejecutivo.