Código Penal contempla cárcel para quienes impidan sesiones del Ejecutivo

Cárcel e inhabilitación son los castigos que contempla el nuevo Código Penal para los que incurran en el delito de perturbación del funcionamiento de las instituciones.

El ilícito está relacionado a acciones de protesta por parte de ciudadanos o funcionarios durante sesiones desarrolladas por el Poder Ejecutivo.

Invadir o impedir un acto del régimen estará penalizado con tres a diez años de prisión y una inhabilitación si se trata de una persona que ostenta un cargo público.

“Quienes con violencia, intimidación o fuerza invaden la sede del titular del Poder Ejecutivo… cuando están reunidos en el ejercicio de sus funciones”, cita uno de los artículos.

La dictadura, por medio del nuevo Código Penal señala que: “quienes con violencia, intimidación, fuerza, simulando autoridad o invocando falso orden, tratan de impedir el ejercicio de las funciones de la sede titular del Poder Ejecutivo”.

La ley también abarca las sesiones del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).