Código Penal contempla cárcel para quienes impidan sesiones del CSJ

El régimen orlandista, a través de la publicación del nuevo Código Penal, impondrá cárcel a los ciudadanos que como mecanismo de protesta impidan el desarrollo de sesiones en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las penas incluyen a funcionarios, a quienes además de cárcel se les amenaza con una inhabilitación de sus cargos.

“Quienes con violencia, intimidación o fuerza invaden la sede de la Corte Suprema de Justicia… cuando están reunidos en el ejercicio de sus funciones”, dice uno de los párrafos.

El ilícito, que busca penalizar la protesta en contra del Poder Judicial, lleva por nombre perturbación del funcionamiento de las instituciones.

Las penas van de tres a seis años de prisión con inhabilitaciones de seis a diez años de sus cargos.

Mientras se crea la figura para penalizar la protesta, se bajan las condenas en tráfico de drogas y violencia intrafamiliar.

El diputado nacionalista Mario Pérez defendió el nuevo Código Penal, en cual calificó de moderno, actualizado y conforme a la realidad de país.