CNA denunció supuestos vínculos en Soptravi con los Cachiros

El Consejo Nacional Anticorrupción emitió mediante su directora, la abogada Gabriela Castellanos una denuncia de irregularidades en la adjudicación de proyectos de carreteras.  Esta denuncia se hace luego que en una línea de investigación del CNA arroja reveladoras pruebas del modus operandi de las autoridades de la desaparecida institución SOPTRAVI durante el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo Sosa.

El comunicado del Consejo Nacional Anticorrupción se abstuvo de dar nombres de las partes involucradas, sin embargo el comunicado menciona datos claves con los que se concluye a las personas investigadas en estas irregularidades. En el gobierno de Lobo Sosa ejercía como ministro de SOPTRAVI el ex alcalde de Tegucigalpa, Miguel Rodrigo Pastor Mejía quien estuvo frente a la desaparecida institución desde el 2010 hasta Abril de 2014.

El CNA menciona que los contratos que se adjudicaron eran a favor de una empresa cuyos dueños de la empresa eran miembros de una organización criminal que actualmente se encuentran en proceso judicial en la Corte Federal de un gobierno extranjero.

NotiBomba tuvo la exclusiva del testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga con fecha de 16 de Marzo de 2017 en donde el líder del Cartel de los Cachiros menciona (en la página 91 del documento) el nombre del ex edil capitalino Miguel Pastor en su testimonio contra Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo.

Los cachiros son una organización criminal que actualmente llevan un proceso de cooperación con la Corte Federal de Nueva York como testigos protegidos de la fiscalía de los Estados Unidos, en el juicio contra el hijo del expresidente Lobo. En este juicio Devis Leonel Rivera Maradiaga, ex lider de los Cachiros ha puesto a temblar a la cúpula del Partido Nacional ya que en el testimonio también ha mencionado el pago de sobornos al hermano del actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández.

En la transcripción oficial del testimonio del Cachiro se le pregunta quien es Liana Bueso, a lo cual Rivera Maradiaga contesto que era la secretaria de Miguel Pastor y del acusado (Fabio Lobo).  Luego le preguntaron si ella trabajo para el (Rivera Maradiaga), a lo cual Rivera Maradiaga contesto, que en una ocasión se reunió con ella y con Fabio Lobo, cuando Lobo tenia contratos del gobierno que se repetían.

En otra prueba presentada por la fiscalía de los Estados Unidos en el juicio contra Fabio Lobo con nombreGovernment Exhibit 10 15 Cr. 174 (LGS)la cual fue una llamada telefónica entre Lobo y Maradiaga se vuelve a mencionar el nombre de Miguel Pastor.

En esta llamada Rivera Maradiaga le pregunta a Lobo, Sí. ¿Y… y Miguel Pastor… y Miguel Pastor qué ha sido? A lo que Lobo contesto, Pues es que Miguel Pastor, mi papa me conto que lo había visto en el.. en el aeropuerto el otro día. Sí le estuve hablando para… después de eso y nunca me contestó a ver cual es la situación (audio interrumpido) usted.

Según el comunicado del CNA el modus operandi de las autoridades de SOPTRAVI (Periodo 2010-2014) de ese entonces era dar contratos por un valor menos de Lps. 1,700,000 para evitar que fueran a licitación pública según el artículo 31 de Disposiciones Generales del Presupuesto de la República del año 2010. En un caso en particular se aprobaron alrededor de 8 contratos en un día con un monto total de 13.4 millones de lempiras para la pavimentación de concreto hidráulico en casco histórico del municipio de Tocoa, Colón. Municipio conocido en ese entonces como el cuartel de los cachiros.

En total fueron pagados a esta empresa alrededor de 17 contratos con un total que asciende a los 104 millones de lempiras.

A continuación el comunicado del Consejo Nacional Anticorrupción

El Consejo Nacional Anticorrupción denuncia irregularidades en la adjudicación

de proyectos por parte de exfuncionarios de la desaparecida Soptravi a grupo

de criminalidad organizada

Este día el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se personó ante la Unidad Fiscal Especial Contra la impunidad de la Corrupción (UFECIC), para presentar una denuncia que contenía un informe sobre el análisis de la suscripción y ejecución de veinticuatro (24) contratos fraccionados durante el periodo comprendido entre 2010-2014 en la Dirección de Carreteras de la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi); se pudo constatar que algunos de los socios de la empresa contratada, pertenecían a un grupo de criminalidad organizada y que actualmente se encuentran en proceso judicial en la Corte Federal de un gobierno extranjero.

El CNA se encontró en la capacidad de verificar que de los 24 contratos suscritos, un total de 17 fueron pagados por un monto que asciende a ciento cuatro millones ciento noventa mil seiscientos ochenta y cinco lempiras (L 104,190,685.00).

Entre los hallazgos relevantes, se identificó que el 5 de octubre de 2010, las autoridades de la Secretarla de Obras Publicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) efectuaron la adjudicación de 8 contratos fraccionados a la empresa antes descrita para la pavimentación de concreto hidráulico a calles ubicadas en el municipio de Tocoa, Colón; los montos totales de los contratos fraccionados de manera dolosa llegaron a sumar en un mismo día 13.4 millones de lempiras. Por el contrario, el modo de operar se constató que los montos no sobrepasaban la cantidad de 1,700,000.00 lempiras, convenientemente con la intención de no llegar al monto de 1,800,000.00 lempiras; que según el articulo 31 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de la Republica vigentes para el año 2010, estipulaba dicha suma para realizar Licitación Publica; adicionalmente, a ello se confirmó que estos proyectos debían ejecutarse en la misma zona del casco urbano de la ciudad de Tocoa, lo que demuestra una clara practica de fraccionamiento de contratos.

El CNA verificó cada uno de los proyectos, logrando constatar la inexistencia de la obra y comprobándose de manera irrefutable el fraude en contra del Estado. Siendo esto un caso evidente de planificación para el concierto previo y mala fe por parte del representante de la Dirección General de Carreteras, quien certificó la falsa ejecución de los trabajos de pavimentación, con la cooperación del personal perteneciente a esta dependencia; es de hacer notar que: dentro del esquema de participación también se determinó la colaboraci6n por parte de dos empresas mas, quienes desempeñaron un papel necesario prestando su nombre para acreditar la realización de los proyectos que en realidad nunca fueron ejecutados, a pesar de todo, si fueron efectivamente pagados con fondos públicos.

La colación de estos hechos deriva en un demostrado delito de fraude en perjuicio de la Administraci6n Pública, a través de prácticas falaces con el aprovechamiento de las funciones y altos cargos ostentados por los exfuncionarios denunciados y con la necesaria complicidad de empresas mercantiles que se prestaron a consolidar este andamio de corrupción forjado en la antigua Soptravi.

Tegucigalpa, MDC, 28 de mayo de 2018.