Este viernes, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, envió una carta abierta al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en donde exige al mandatario una inmediata respuesta ante el secuestro de 5 miembros de la comunidad garífuna.
En la carta publicada por Guevara, Amnistía denuncia como individuos fuertemente armados, vestidos con indumentaria de la Dirección Policial de Investigación (DPI), se llevaron de sus viviendas, irrumpieron en territorio de la comunidad, llevándose a las cinco personas sin presentar una orden de captura.
Alberth Snider Centeno Tomas, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix y Milton Joel Martínez Álvarez) son los garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz, e integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) que fueron secuestrados.
Amnistía reitera su preocupación por los diversos ataques de intimidación y asesinato hacia defensores de los Derechos Humanos, relacionados con la tierra, territorio y medio ambiente en Honduras.
“La impunidad lleva a que se perpetúen las condiciones de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, pues la ausencia de identificación, procesamiento y sanción de los responsables envía un mensaje de que estas personas pueden ser atacadas sin consecuencia alguna”, dice la carta firmada por Guevara.
La carta señala de igual forma que el Estado hondureño ha incumplido con sus obligaciones internacionales derivada en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluida el 8 de octubre del 2015, sobre el caso de la Comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz.
La organización incluyo la exigencia de abrir una investigación para determinar la suerte y el paradero de las cinco personas de la comunidad Garífuna, “Deben llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que permita identificar a todos los autores materiales e intelectuales de la desaparición y traerlos ante la justicia” concluyendo que están a la espera de un Plan de Protección Colectiva para la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz.
CARTA COMPLETA
Carta abierta sobre la desaparición de cinco personas, cuatro de ellas activistas garífunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz:
Presidente de la República de Honduras
Juan Orlando Hernández
Estimado Presidente,
Nos dirigimos a usted para expresar nuestra preocupación por la presunta desaparición forzada de cinco personas, de las cuales cuatro (Alberth Snider Centeno Tomas, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Rochez Cálix y Milton Joel Martínez Álvarez) son garífunas de la comunidad del Triunfo de la Cruz, e integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), el pasado 18 de julio.
Amnistía Internacional ha tenido conocimiento que personas armadas y uniformadas con chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) irrumpieron en territorio de la comunidad, llevándose a las cinco personas sin presentar una orden de captura.
Hasta la fecha, la suerte y el paradero de estas personas es desconocido y las autoridades han negado haber conducido la captura de las cinco personas y tener a dichos individuos bajo su custodia.
En reiteradas ocasiones, la organización ha expresado su preocupación por la situación de personas defensoras de los derechos humanos y de quienes defienden el medio ambiente, el territorio y la tierra, quienes constantemente son víctimas de ataques y amenazas debido a su labor en Honduras.
En un informe publicado en 2016, la organización ya documentaba los ataques que estas personas defensoras sufrían en el país, incluyendo aquellas personas defensoras pertenecientes a la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz.
En aquella ocasión, Amnistía Internacional instó al Estado hondureño a tomar medidas urgentes para atender las causas estructurales de la violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo las personas defensoras garífuna del Triunfo de la Cruz.
Sin embargo, hasta la fecha, el Estado no ha tomado medidas claras para proteger a la comunidad, lo que ahora se manifiesta claramente con la desaparición de personas defensoras garífuna.
El Estado hondureño tampoco ha cumplido con sus obligaciones internacionales derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso“Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros Vs. Honduras”.
La organización ha observado que, a pesar de que diversas medidas de reparación dictadas por la Corte podrían tener el efecto de mitigar las causas estructurales de la violencia en contra de la comunidad, la gran mayoría de estas no han sido implementadas por el Estado hondureño.
Por ejemplo, las autoridades no han otorgado a la Comunidad Triunfo de la Cruz un título de propiedad colectiva, a pesar de la orden de la Corte de avanzar en la demarcación de las tierras sobre las cuales ha sido otorgada la propiedad colectiva a la Comunidad Triunfo de la Cruz en dominio pleno y en garantía de ocupación, con su plena participación, y tomando en consideración el derecho consuetudinario, usos y costumbres de la Comunidad.
Asimismo, el Estado no ha avanzado con las investigaciones relacionadas con la muerte de Jesús Álvarez Óscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales, con la finalidad de determinar las eventuales responsabilidades penales. Por otra parte, la organización ha notado que otras medidas estructurales, tales como la garantía del libre acceso, uso y goce de la propiedad colectiva por parte de la Comunidad Triunfo de la Cruz en la parte de su territorio, la creación de mecanismos adecuados para regular su sistema de Registro de Propiedad, y la creación de un fondo de desarrollo comunitario a favor de los miembros de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz aún están pendiente de cumplimiento.
Amnistía Internacional reitera su preocupación de que los ataques contra personas defensoras de derechos humanos relacionados con la tierra, el territorio y medio ambiente permanecen impunes en Honduras. La organización ya ha manifestado que la impunidad lleva a que se perpetúen las condiciones de violencia contra personas defensoras de derechos humanos, pues la ausencia de identificación, procesamiento y sanción de los responsables envía un mensaje de que estas personas pueden ser atacadas sin consecuencia alguna.
La organización insta al Estado hondureño a iniciar sin demora investigaciones para determinar la suerte y el paradero de las cinco personas de la comunidad garífuna, y a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial que permita identificar a todos los autores materiales e intelectuales de la desaparición y traerlos ante la justicia, asegurando que se incluya la posibilidad de que la desaparición esté relacionada con su labor de defensa de los derechos humanos.
La organización toma nota de las gestiones realizadas por la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, la Secretaria de Derechos Humanos y del DPI, lo que incluye la detención de una persona presuntamente vinculada a la desaparición de las cinco personas. Sin embargo, es necesario observar que hasta la fecha no han sido diseñadas e implementadas medidas de protección a la comunidad, considerando los hechos recientes de violencia.
Más aún, las personas desaparecidas todavía no han sido localizadas y no hay claridad por parte de la comunidad de las acciones llevadas a cabo por la Policía Nacional y el Ministerio Público para identificar todas las personas involucradas en la desaparición.
Es por ello que la organización le solicita de manera urgente que se adopte un Plan de Protección colectiva para la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz que incorpore una perspectiva integral, colectiva, de género y étnica sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos. En ese sentido, se deben tomar medidas efectivas para combatir las causas estructurales que incrementan los riesgos y ataques contra estas personas, tales como la impunidad, la estigmatización, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos en la comunidad como son la falta de carreteras, de profesores en las escuelas y centros de atención médica.
Lo anterior debe incluir un análisis de riesgo colectivo en la comunidad, realizado en consulta con la comunidad. Además, el Estado debe dar pleno cumplimiento a la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aborda temas claves para la mitigación de la violencia en la comunidad.
Cordialmente,
Erika Guevara Rosas
Directora para las Américas
Amnistía Internacional