La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó el jueves una reforma parcial a la Ley de Hidrocarburos que reduce de manera significativa el control estatal sobre la industria petrolera, vigente desde hace más de dos décadas, y establece un nuevo marco para atraer inversión extranjera al sector energético.
La modificación legal fue aprobada por la Asamblea Nacional semanas después de un giro político de alto impacto en el país y busca impulsar la recuperación de una industria clave para la economía venezolana. Según Rodríguez, la reforma reafirma la soberanía sobre los recursos energéticos, al tiempo que introduce condiciones más flexibles para la participación de capital privado.
La mandataria en funciones confirmó además que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que abordaron la normalización de relaciones económicas y comerciales, incluyendo la reapertura del espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales y la llegada de inversionistas internacionales.
En paralelo, el Departamento del Tesoro estadounidense inició un proceso de flexibilización de las sanciones que durante años afectaron la producción y exportación de petróleo venezolano. Las medidas amplían la capacidad de empresas energéticas estadounidenses para operar en el país y forman parte de un plan para reactivar la industria y garantizar que los ingresos petroleros beneficien, según Washington, a la población venezolana.
La reforma establece cambios en el régimen fiscal del sector, incluyendo la reducción y reorganización de impuestos a la extracción y un tope máximo de regalías del 30%. Asimismo, autoriza al Poder Ejecutivo a fijar porcentajes específicos por proyecto, considerando factores como la inversión requerida, la competitividad y los riesgos financieros, los cuales deberán ser asumidos por los inversionistas.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, afirmó que la nueva legislación generará un aumento significativo en la inversión y en la producción petrolera. El gobierno sostiene que la ley ofrece mayor seguridad jurídica y se alinea con prácticas internacionales, sin transferir la propiedad de los yacimientos, que permanecerán bajo control del Estado.
Desde la oposición, el diputado Antonio Ecarri pidió incorporar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como la publicación de contratos, financiamiento e informes de gestión, medidas que considera esenciales para generar confianza entre los inversionistas extranjeros.
Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo, estimadas en más de 300 mil millones de barriles, pero enfrenta desde hace años una profunda crisis económica agravada por el deterioro de PDVSA, la caída de los precios del crudo, el endeudamiento externo y las sanciones internacionales. La reforma representa uno de los intentos más ambiciosos del actual gobierno por revertir el colapso del sector petrolero y reposicionar al país en el mercado energético global.