Otro revés ha sufrido el gobierno de Hernández cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe acerca de Honduras el día de ayer.

La CIDH revela y desmiente las últimas declaraciones de Hernández cuando dice que Honduras ya no esta en la lista de los países con más tasa de homicidios del mundo. El informe es claro y contundente y en la cuenta oficial de Twitter de la CIDH, se informó del mismo el día de ayer:

Tasa de homicidios de #Honduras continúa siendo de las más altas de la región y del mundo: https://t.co/mE7aFJzJb3

— CIDH (@CIDH) February 18, 2016

Lee el resumen del informe donde desmiente todas las campañas pagadas por el Partido Nacional para decir que se ha bajado la criminalidad en Honduras.

Washington- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó este jueves al Gobierno de Honduras a que ponga fin al alto índice de impunidad en el país y al uso ilegítimo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, en algunos casos “en complicidad” con el crimen organizado.

La CIDH, en un informe publicado hoy y elaborado tras su visita al país en diciembre de 2014, estima que más del 80 % de los homicidios cometidos en Honduras quedan impunes por la incapacidad de los órganos de investigación.

La Organización de Estados Americanos (OEA), de la que la CIDH es un órgano autónomo, acordó en enero con el Gobierno de Honduras el envío de su primera misión en el continente para luchar contra la corrupción y la impunidad, firmada por cuatro años y con financiación internacional.

Nuestro último informe evalúa situación de violencia e impunidad en #Honduras: https://t.co/mE7aFJzJb3

— CIDH (@CIDH) February 18, 2016

Durante su visita al país en 2014, la Comisión observó que una de las causas de la inseguridad ciudadana “proviene del mismo cuerpo policial, de la policía militar y del ejército a través del uso ilegítimo de la fuerza, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado”.

Las Fuerzas Armadas hondureñas participan “activamente” en funciones de seguridad ciudadana a través de cuerpos especializados como la creación de una policía militar, actúan en el sistema penitenciario y se recurre a ellas para solucionar conflictos agrarios, según el informe.

“La seguridad ciudadana debería ser de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados. Las fuerzas armadas carecen del entrenamiento adecuado para el control de la seguridad ciudadana (…) y su involucramiento en esta amplia gama de funciones del Estado representa un riesgo para la vigencia del Estado de Derecho”, considera el comisionado Francisco Eguiguren, relator de la CIDH para Honduras.

En #Honduras asesinan y hostigan a defensoras y defensores de #DDHH. Lee más: https://t.co/mE7aFJzJb3

— CIDH (@CIDH) February 18, 2016

El informe advierte, asimismo, de que persisten “importantes desafíos” en relación con la independencia de jueces y fiscales, en particular los que derivan del marco normativo dispuesto por el Estado para regular los procesos de selección y disciplina.

“Las y los operadores de justicia deben contar con garantías reforzadas de estabilidad en sus cargos derivado de la necesidad de garantizarles un actuar independiente. No deben estar sujetos a remoción como resultado de las decisiones que, conforme a derecho, adoptan en sus labores”, señala el comisionado José de Jesús Orozco.

La Comisión, tras su visita entre el 1 y el 5 de diciembre de 2014, concluye que la tasa de homicidios en Honduras continúa siendo una de las más altas de la región y del mundo “a pesar de que cifras del Estado apuntan a una disminución en 2014”.

Esos altos índices de violencia, considera la CIDH, son el resultado de varios factores: el incremento del crimen organizado y el tráfico de drogas, una deficiente respuesta judicial que conlleva a la impunidad, la corrupción, y altos niveles de pobreza y desigualdad.

Los altos niveles de violencia y la falta de resultados por parte del Estado en el combate a la misma, ha desembocado en los últimos años en serias afectaciones contra personas de distintos sectores de la sociedad y en especial respecto de aquellos afectados por la pobreza, la discriminación histórica y la exclusión social.

El ex presidente de Honduras, Pepe Lobo, se pronunció este día totalmente a favor de la reelección de Juan Orlando Hernández.

En una entrevista realizada en el departamento de Olancho, para el corresponsal de HCH, Lobo dijo que "no se le puede negar a nadie el derecho de elegir y ser electo, y si un presidente esta haciendo bien las cosas, no hay problema en apoyarlo de nuevo".

Además manifestó que el tema de revisar la reelección fue recomendado por la Comisión de la Verdad, ya "que en el pasado trajo muchos problemas y era importante revisarlo."

Lobo obvio las preguntas de los periodistas cuando le preguntaron, "que si antes era malo hablar de reelección y ahora es bueno, y si a Zelaya lo mandaron en pijama a Costa Rica, ¿donde debían mandar al presidente Hernández.?."

MIRA LA ENTREVISTA:

La diputada del Partido Anticorrupción (Pac) Marlene Alvarenga que se vendió al partido Nacional despotrico este miércoles en contra de Salvador Nasralla y del partido que antes militaba.

En una entrevista ofrecida a (HCH), la congresista trato de justificar nuevamente el porque vendio su voto en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Calificó a sus detractores en las redes sociales como cobardes, porque a su ver no dan la cara y se esconden en perfiles falsos para insultarla. Al referirse a Salvador Nasralla pidió a la población imaginárselo como presidente de Honduras con ese tipo de actitudes contra las mujeres.

“Imagínense teniendo a este varón como presidente, lo está diciendo una mujer que creyó en él”, expresó. La diputada aseguró que el también presentador de televisión, no es lo que aparenta ante las personas.

“Invertí dinero y tiempo. No voy a permitir que nadie me humille y me arrepiento de no tomar mi decisión desde el principio”, añadió la diputada.

En ese sentido, expresó: “me gustaría que le gritara a mi esposo”, agregando que Nasralla solo ofende a las mujeres. Considera que tanto el Pac, como Libertad y Refundación (Libre) no hacen una verdadera oposición en Honduras, porque solo se dedican a criticar y no dan soluciones.

Al respecto dijo que Nasralla antes de tomar una decisión dentro del Pac hablaba con Manuel Zelaya Rosales y luego cambiaba sus posiciones partidarias.

“A saber en qué tipo de negociación estaba con Manuel Zelaya y no nos dábamos cuenta”, enfatizó. Cuestionó que en el Pac no hay rendición de cuentas, “como es posible que estemos hablando de correctos”.

Durante su intervención también se refirió a sus compañeros de bancada Virgilio Padilla, Walter Banegas, a quienes catalogó como demasiado radicales y que tiene la línea partidaria de Libre.

 DIPUTADA RESPONSABILIZA A NASRALLA POR AMENAZAS

“Estoy recibiendo amenazas de gente poderosa, me mandan mensajes en los que me dicen: tenés 12 millones que ni te van ajustar, tocaste interés muy grandes en Honduras”.

No obstante, ella dijo sentirse tranquila porque sabe que hizo lo correcto, “con mi voto a favor de elegir a los 15 magistrados del Poder Judicial salve la democracia en el país”.

“Estamos en el pozo de los leones salvamos la democracia de Honduras”, pormenorizó.

Asimismo informó que interpondrá la denuncia en contra de Salvador Nasralla ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

La acción la sustentará con las declaraciones de Nasralla en los medios de comunicación, en los que él supuestamente asegura que ella recibió 12 millones de lempiras.

“Pueden matar y secuestrar a mi hijo. Yo no camino con seguridad, no es posible que sea tan irresponsable”, dijo.

Sobre su postura en el Congreso Nacional aseguró que votará como la conciencia se lo indique, “no me pienso unir a ningún partido”.

El gobierno del Partido Nacional encabezado por Juan Orlando Hernández, llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para este 2016 con respecto al comportamiento del Lempira frente al Dólar.

El pacto entre el FMI y el Gobierno, trata de seguir devaluando el Lempira en un 5% más que en el 2015.

Así se encuentra contemplado en la segunda revisión del acuerdo stand by 2014-2017, que fue aprobada el 18 de diciembre de 2015.

En valores nominales, el precio de compra del dólar aumentaría de 22.3557 a 23.4734 lempiras, o sea 1.1177 lempiras más.

En 2015, el tipo de cambio se devaluó de 21.5124 a 22.3557 lempiras por dólar, o sea que la divisa estadounidense se encareció en 84.33 centavos y 3.9 puntos en valores porcentuales.

El Lempira en los últimos 6 años ha enfrentado una devaluación estrepitosa. Desde el 2010,  la moneda se ha devaluado de 18 lempiras por un dólar a 23 lempiras en el presente año.

Sectores de sociedad civil, partidos políticos de oposición y economistas criticaron la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya que incluía paquetazos (aumentar el ISV del 12% al 15%), despedir a miles de empleados del gobierno, encarecer la canasta básica y la devaluación acelerada de la moneda hondureña, entre otras condiciones.

Vendedores que se ganaban la vida en las calles de San Pedro Sula fueron desalojados hoy por orden del alcalde de esa ciudad, Armando Calidonio.

Los hondureños que se ganaban su pan cada día vendiendo productos los desalojaron de 6 y 7 calles suroeste y 2da avenida del barrio El Centro de San Pedro Sula.

Los comerciantes denunciaron que la Policía Municipal no tenía orden de desalojo para quitarlos de la 2da calle. "Nosotros no nos estamos oponiendo a ningún desalojo es que presenten la orden desalojo", argumentó uno de los negociantes.

Finalmente los miembros de la Policía Municipal desarmaron y se llevaron mercadería y la estructura de algunos negocios.

La indignación se apoderó de los vendedores al ver como su forma de ingresos fueron casi destruidos por la Policía Municipal y se los llevaron. Hoy a eso de las 9:00 am los afectados intentaron volver a colocar sus puestos de madera y zinc bloqueando el paso vehicular de la calle colocando una rastra con la cual terminarían de llevarse los materiales de los negocios.

El prestigioso diario de EE.UU, The New York Times, publicó el día de ayer 15 de febrero del 2016, un fuerte editorial en contra del gobierno de Hernández por los masivos escándalos de corrupción que ha enfrentado el Partido Nacional y el gobierno de Hernández en tan solo 2 años de gobierno.

El editorial lleva como título "una pantomima de anticorrupción en Honduras (An Anti-Corruption Charade in Honduras) y es escrito por el famoso columnista Alexander Main.

El controversial editorial desnuda la forma como Hernández le dio largas a la instalación de la CICIH y salió con la MACCIH en complacencia con la OEA, que a todas luces se queda muy atrás de las exigencias de millones de hondureños que salieron a las calles a pedir justicia y no más impunidad. También ataca la doble moral de Washington de seguir apoyando a Hernández en materia militar y financiamiento con el Plan de Alianza de la Prosperidad, aún y con todas las denuncias de corrupción.

Los medios locales (La Prensa, El Heraldo, La Tribuna y medios de televisión) nunca han hablado tan fuerte y claro en contra del gobierno de Hernández como lo hace New York Times en este columna.

A continuación, la traducción íntegra:

"En La última primavera y verano, grandes protestas detonadas por escándalos de corrupción envolvieron a dos países de América Central. En Guatemala, una investigación realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad auspiciada por la ONU reveló un anillo de corrupción de largo alcance y destapó pruebas de que su líder no era otro que el presidente del país, Otto Pérez Molina. Las protestas crecieron en Ciudad de Guatemala y, en septiembre, Pérez Molina dimitió y fue encarcelado a la espera de juicio.

En Honduras, las protestas estallaron cuando un periodista local, David Romero, reveló que millones de dólares de dinero público del sistema de salud del país habían sido desviados hacia el gobernante Partido Nacional y hacia la campaña electoral del presidente Juan Orlando Hernández. Un conjunto de administradores y ejecutivos de empresas han sido imputados por corrupción en el sistema de salud, pero no se han presentado cargos contra Hernández o contra otros altos cargos del partido por la desviación de fondos al partido. Decenas de miles de manifestantes exigieron antorcha en mano la dimisión de Hernández y una comisión apoyada por Naciones Unidas como la de Guatemala.

En respuesta, Hernández llamó a un “diálogo nacional” estrechamente controlado, en el que muchos líderes de la oposición rechazaron participar, y a continuación propuso un órgano de investigación sin autonomía promovido por el gobierno. Cuando esto no logró aplacar a los manifestantes, la Organización de Estados Americanos intervino para tratar de diseñar un plan alternativo. El resultado fue la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).

La misión fue inaugurada en la sede de la OEA en Washington el mes pasado con gran ostentación y un sonoro respaldo por parte del Departamento de Estado. Un portavoz del departamento, John Kirby, dijo que la misión “responde a la demanda legítima del pueblo de Honduras de una acción vigorosa y significativa contra la corrupción”.

Los opositores en Honduras, sin embargo, han denunciado que el plan no tiene eficacia real y han seguido insistiendo en un órgano independiente, apoyado por Naciones Unidas. Cincuenta y cuatro miembros del Congreso han urgido al secretario de Estado, John Kerry, a apoyar su demanda. Una coalición de casi todos los grupos de defensa de los derechos humanos del país declararon que la nueva misión era “limitada en su capacidad de luchar contra la corrupción y la impunidad en el país”.

A diferencia de la Comisión de Guatemala, que tiene muchos antecedentes en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción de alto nivel, la de Honduras no participará directamente en investigaciones ni procedimientos legales. En su lugar, su equipo internacional de jueces y abogados sólo aportará apoyo técnico a los investigadores y fiscales locales que forman parte del sistema judicial y son susceptibles de presión política. La misión puede hacer recomendaciones para reformar el averiado sistema de justicia, pero el gobierno es libre de ignorarlas.

Honduras necesita ayuda. Sus niveles extremos de violencia, entre los más altos del mundo, van de la mano con un terrible nivel de impunidad en los crímenes. Las fuerzas de seguridad del país están fuertemente infiltradas por el crimen organizado –“podridas hasta el tuétano”, según un antiguo oficial de policía declaró al Miami Herald–. Dos semanas después, el oficial fue asesinado a tiros. Numerosos periodistas, abogados, activistas por el derecho a la tierra, defensores de los derechos LGTBI y figuras de la oposición han sido asesinados, sin consecuencias para sus asesinos.

Si la misión puede llegar a lograr algo dependerá de si hay tras ella suficiente voluntad política. Hay pocos motivos para ser optimistas: Hernández y el Partido Nacional tienen ya un historial de haber pisoteado el Estado de derecho.

En 2012, como presidente del Congreso, Hernández destituyó a varios jueces del Tribunal Supremo y llenó ilegalmente la magistratura de aliados suyos. En 2014, su partido disolvió una –altamente respetada– comisión independiente de reforma de la Policía, sin aplicar sus principales recomendaciones. Y hasta ahora el fiscal general de Honduras, Oscar Chinchilla, no ha logrado investigar o procesar a líderes del Partido Nacional de Honduras por el desvío de los fondos del sistema de salud a las cuentas del partido.

Tristemente, el gobierno estadounidense está mal posicionado para ofrecer ayuda. En 2009, el Departamento de Estado con Hillary Clinton como secretaria favoreció el éxito de un golpe de Estado militar en Honduras bloqueando las acciones para restaurar al presidente de izquierda, Manuel Zelaya, en el poder. Desde entonces, las acciones diplomáticas de Washington se han centrado en apuntalar a una serie de gobiernos corruptos post-golpe. Más de 100 miembros del Congreso han pedido a la administración Obama que condene las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y han puesto en cuestión la asistencia de Estados Unidos a Honduras en materia de seguridad.

De momento, Washington sigue apoyando a Hernández. En el clímax de las protestas del año pasado, el embajador de Estados Unidos en Honduras proclamó que “las relaciones entre Estados Unidos y Honduras son quizá las mejores de la historia”. Este año, el gobierno de Estados Unidos ha vuelto a incrementar el apoyo militar y policial a América Central, recibiendo Honduras un porcentaje significativo de estos fondos, buena parte de ellos a través de la opaca Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI, por sus siglas en inglés).

Dadas las limitaciones del mandato de la misión anti-corrupción y las alegaciones contra los altos cargos involucrados en la aplicación de sus recomendaciones, parece poco probable que este organismo pueda superar la crisis en Honduras. Más bien, parece querer dar una apariencia de respetabilidad al apoyo continuado de Washington al régimen de Hernández.

Aun así, la legislación sobre asignaciones de fondos del Congreso estadounidense para 2016 ofrece herramientas para presionar al gobierno de Honduras. La mitad de la asistencia a Honduras –de decenas de millones de dólares– esté condicionada por la certificación por parte del Departamento de Estado de que las autoridades están llevando a cabo acciones efectivas para combatir la corrupción, estén cooperando con comisiones contra la impunidad e investigando y procesando a “los miembros del ejército y la policía verosímilmente acusados de violar los derechos humanos”.

Pero ¿está el Departamento de Estado dispuesto a tomarse el proceso de certificación en serio? Esto es algo sobre lo que muchos miembros del Congreso han dudado seriamente en los últimos años. Puede que la supervisión del Congreso sea la única garantía para que la debida diligencia se realice.

Los manifestantes continuarán sin duda protestando en las calles de Tegucigalpa –como hicieron el mes pasado– exigiendo un órgano anticorrupción más efectivo apoyado por Naciones Unidas. Si la misión promovida por la OEA no logra resultados, Hernández podría llevarse otra dosis de poder popular como la que hizo caer al presidente de Guatemala.

*Alexander Main es un asociado principal de política internacional del Center for Economic and Policy Research.

Aquí el artículo en inglés: http://www.nytimes.com/2016/02/16/opinion/an-anti-corruption-charade-in-honduras.html?_r=0

El coordinador del Partido Anticorrupción (Pac), Salvador Nasralla, dijo hoy lunes que no conciliará con traidoras al referirse a las diputadas que apoyaron la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Nasralla habló ampliamente del tema en el programa Hable como Habla vespertino, en el cual desmintió categóricamente que las haya agredido verbalmente.

“El hecho que me hayan ayudado, no me permite apoyarlas cuando le faltan a la ética y a la moral”, acotó. El también presentador de televisión explicó que la posición del Pac sobre la elección de la CSJ la consensuaron a nivel de bancada.

“No fue una imposición mía, ellos se pusieron de acuerdo para apoyar la planilla que acordaron”, aseveró.

El Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), aún no hace un pronunciamiento oficial sobre la conducta de los  diputados Esdras Amado López y Dennis Sanchez.

Los diputados Lopez  y Sánchez fueron de los que no siguieron la línea partidaria de votar en contra de la CSJ al servicio de Hernández y tampoco hicieron su voto público.

Ante esta indisciplina, el Tribunal de Honor ya comenzó a recabar los hechos y escuchar a los diputados que tiene que decir de sus actuaciones, para luego recomendar a la Coordinación Nacional qué hacer y qué sanciones son las que vienen para estos dos diputados.

Cabe señalar que según los estatutos de Libre, la palabra "expulsión" no esta contemplada, pero si existe varias faltas enumeradas que pueden hacer que Libre desconozca la militancia de uno o más de su miembros.

En las últimas horas ha trascendido que los diputados fueron expulsados, extremo que no fue confirmado por ninguno de los miembros del Tribunal de Honor.

Julio Escoto, Rodolfo Pastor Fasquelle, Helen Umaña y Galel Cárdenas son las personas que integran este Tribunal.

El actual Jefe de Bancada del PAC, el ex mundialista Jaime Villegas, reaccionó ante las declaraciones de Nasralla, que ya no le servía la bancada del PAC, después de que votaron 4 por elegir la nueva CSJ.

"Si no le sirve la bancada, pues que la destruya. Yo no tengo ningún problema, hace un mes presenté mi renuncia como Jefe de Bancada y si las cosas siguen así, tendremos que salir del partido y sentarnos como diputados independiente", sentenció uno de los hombres fuertes del PAC.

"Lo que recomiendo y por el bien del PAC es sentarnos y hablar lo que está pasando, pero si no se puede, eso será lo que tendremos que hacer", dijo indignado por todo lo que ha pasado en los últimos días.

Reconoció que ellos son pasajeros en el Congreso. "Recuerde que a la par de los nacionalistas y liberales somos niños de párvulo, no nos engañemos. Esta gente lleva 130 años manejando el poder en Honduras. Afortunadamente por primera vez se encontraron con una pared, pero al final la derribaron, pero hicimos incidencia. Lo que sí me pesa es no haber llegado al consenso, que bien se pudo llegar a lograr, pero algunas veces por la intransigencia nuestra por no ser claros, precisos, pero de alguna manera hicimos oposición", expresó.

“La verdad que nosotros hicimos el voto diferente a las órdenes del ingeniero, porque nosotros sí creemos que el pueblo hondureño necesitaba una nueva Corte Suprema de Justicia” expresó hoy el diputado suplente del Partido Anticorrupción (PAC) Oscar Palacios y que votó a favor de elegir la nueva Corte Suprema de Justicia.

“Nosotros no vamos a seguir con las ordenes dictatoriales del presidente Salvador Nasralla” indicó.

Afirmo que su decisión de votar en contra de la línea del PAC fue personal y además desligó de cualquier participación del diputado propietario Liberato Madrid es su postura de participar a favor en la elección “Liberato Madrid no tuvo nada que ver con esto para que dejen de estarlo cuestionando tanto” apuntó.

Aseguró que continuará siendo PAC, “porque el PAC es del pueblo hondureño, el PAC no es de nadie, el PAC es de todos y vamos a estar ahí esperando a ver si el ingeniero se comunica con nosotros, deja de estar tratándonos como nos trata y a ver si se comunica con nosotros y llegamos a un acuerdo y que empiecen a cambiar las cosas” finalizó.