Raúl Peña
La sociedad hondureña se ve de cara ante un nuevo escándalo en el que la gran mayoría no tiene nada que ver, pero que sufrirá las consecuencias del mismo, las cuales serán aprovechadas para aplicarnos otra dosis de impuestos disfrazados o quitarnos algunos de nuestros beneficios “en aras” del bien común; en un gobierno que no pretende cerrar empresas, pero que inexplicablemente el aumento del desempleo y la baja inversión, son temas manejados y sentidos hasta en los más bajos estratos de la sociedad.
Esta vez nos arrastra el caso de un conocido empresario, graduado en MIT quien en 1974 fundó Banco Continental y una serie de empresas más que gozaron del buen manejo, pero que hoy se encuentran siendo saqueadas tanto por el Estado como por invasores y delincuentes que cual buitres al acecho, solo esperan el momento propicio para caer sobre su presa y acabar con un capital que representa más del 5% del PIB y golpear a más de 11,000 familias que viven una delicada situación dada la improvisación con la que se han ido sucediendo las cosas. Este caso tendrá efectos secundarios que incidirán en muchas áreas de nuestra sociedad, abordaré aquí los que considero más importantes.
En lo internacional: no cabe duda que los tratados internacionales pueden ser arma de doble filo para nuestro país y que algunos han sido firmados a la ligera o forzados por otros gobiernos a su conveniencia; hoy la Ley Kingpin, nos tiene haciéndole el saludo a cualquier juez norteamericano que decida aplicarla a lo largo y ancho del país, habilitando también a los fiscales a actuar de la forma que se le indique obviando lógicamente las regulaciones y leyes nacionales como aquella de que nadie es culpable hasta que sea vencido en juicio, inutilizando el trabajo de nuestros legisladores que en este caso habrían perdido su tiempo y nosotros nuestro dinero al pagar tan jugosos salarios a personas incapaces de defender al pueblo y su constitución. Por demás está decir el desprestigio adyacente que nos traerá este caso, el ejemplo que brindamos de un país sometido y la poca dignidad de nuestro gobierno al que me atrevería a preguntarles: ¿Se hubiese actuado de igual forma si los Rosenthal vivieran en Venezuela, Argentina, Nicaragua o Bolivia?.
En cuanto a los derechos humanos: aquí vemos con tristeza el papel del Comisionado de los Derechos Humanos, quien apenas manifiesta que esa institución estará “vigilante” de cualquier decisión que tomen las instituciones del Estado y que afecten los derechos de los empleados y yo le pregunto: ¿Señor Herrera usted cree que los empleados de Diario Tiempo y las demás empresas andan en las calles haciendo educación física para mantenerse activos como nuestro Presidente? ¿No le basta saber que los empleados no han recibido sus salarios y que las cuentas de esas empresas están confiscadas por la OABI quien según su portavoz “hace esfuerzos para preservar sus empleos”? ¿No ve el peligro de cierre de un medio de comunicación que ha sido siempre el que le permite al pueblo manifestarse libremente ante los abusos de poder? Reprobamos su actitud y le mandamos el siguiente mensaje: ¡Cómo extrañamos a Custodio!
En cuanto a lo económico: las repercusiones son inmediatas, miles de empresas que manejaban sus planillas con cuentas mayores al millón de lempiras se encuentran desesperadas por resolver sus compromisos y pagan hoy su pecado de haber confiado en un banco en el que hasta el mismo Estado confiaba sus cuentas del IHSS y que al igual que los cachiros, hicieron negocios con el banco por años y lo seguirían haciendo, si otro gobierno no se hubiese tomado por su cuenta la aplicación de la CICIH a su estilo, afectando a gente inocente con la colaboración de las instituciones gubernamentales.
Los proveedores, los empleados, los acreedores internacionales y los profesionales que prestaban sus servicios. ¿Cómo se resarcirán de esto? Mientras las Cámaras de Comercio y los representantes de los empresarios prometen, según sus voceros, “hacer contactos con los gobiernos de USA y Honduras para evitar el cierre de las empresas” cuando ya la OABI llenó sus arcas. ¡Qué pena! Se supone que son instituciones a las que nos afiliamos para que nos defiendan.
En lo político: por más que se insista, se puede percibir el daño causado al Partido Liberal, haciéndole aparecer como partido de delincuentes y pese a los comunicados del Central y los alcaldes, los medios que trabajan alineados no están interesados en discutir el tema, menos aún con las amenazas de CONATEL.
En lo legal: Aquí se puede hacer notar que los Rosenthal se defenderán hasta la muerte y ojalá no vaya a ser que se equivocaron estos genios al realizar todas estas acciones, como parece deducirse de la aceptación por la corte del recurso de amparo a favor de las empresas.
El daño ya está hecho y claro: ¡Honduras está cambiando!
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